El Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles en el Parlament una ley por la cual limita el alquiler en 60 municipios catalanes. La reforma ha salido adelante gracias a los votos de ERC, Catalunya En Comù (Unidas Podemos en Cataluña), la CUP y JxCat. En cambio, en contra han votado todos los grupos constitucionalistas y PDeCat, que por primera vez ha votado en contra JxCat, lo que ahonda todavía más la crisis política que ambos sufren.

Con esta nueva resolución La ley ahora contempla congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas declaradas como "mercado de vivienda tenso" de las 60 ciudades con más de 20.000 habitantes. Solo quedan fuera de esta nueva normativa aquellos que declaren un ingreso menor a 2.000 euros al mes.

Los principales obstáculos que han hecho que Ciudadanos, PP y PSOE voten en contra es que algunos artículos de la ley incumplen varias competencias estatales, tal y como han advertido un organismo consultivo. Por eso, la ley puede quedar en nada si finalmente es anulada por el Tribunal Constitucional. Los grupos de la oposición, además, no han apoyado esta propuesta al tildarla de "electoralista", ya que Cataluña se encuentra a las puertas de unas nuevas elecciones.

Una medida que presenta serias dudas

Pero esta normativa presenta varios interrogantes que se deben intentar responder. Según afirman varios expertos hay que tener riesgos a tener en cuenta que cuando se legisla, de normal, no se tienen. En este sentido, José María Rotellar ha explicado en COPE que "limitar el alquiler funcionó mal fuera de España y funcionará mal aquí", ya que esta es una medida que varios grupos del Congreso quieren aprobar en esta legislatura.

Según Rotellar, limitar el precio del alquiler va a provocar un exceso de demanda y escasez de oferta: "Va a haber un exceso de demanda y escasez de oferta porque el Gobierno puede obligar a limitar el precio que cobran por los alquileres, pero no puede obligar a que una persona saque un piso en propiedad en alquiler. El alquiler conlleva muchos gastos para el dueño, como el IBI, tiene que pagar el mantenimiento y otra serie de cuestiones del inmueble y hay que sacar un rendimiento, y a lo mejor lo que a esa persona le conviene en un momento dado es vender el piso y buscar otras inversiones, por ejemplo. O tener el piso, guardarlo y esperar sin hacer nada hasta que la legislación cambie otra vez”.

Los casos de Alemania y Francia

Como ejemplo ha puesto los dos casos más conocidos: Berlín y Francia. La capital del país francés empezó a intervenir el mercado en agosto de 2015 con la ‘ley Alur’, una norma que impedía poner un piso en alquiler a un precio un 30% más barato o un 20% más caro. Pero la ley también contemplaba que se podía superar los límites en el caso de que tuviese buenas vistas o servicios como piscina, portero físico o jardines. Lo que finalmente pasó es que al final cerca de un tercio de los pisos superaban el fijado por la ley y cerca de un 15% de las viviendas que existían se habían desaparecido.

En Berlín, al igual que en París, la mayoría de los pisos están un 65% y un 95% estuvieron por encima de lo fijado por la ley, una ley que finalmente quedó en nada porque el Ministerio del Interior del país consideró inconstitucional limitar los precios. Su regulación provocó la subida de muchos inmuebles, y gran parte de las personas que no pueden acceder a una vivienda vieron con mayor dificultad acceder a este tipo de arrendamientos.