Policías, contra la propuesta de Interior para que no tengan otros trabajos

Los sindicatos policiales han rechazado -se ha abstenido el SPP, mayoritario entre mandos- el real decreto que ultima el Ministerio del Interior para endurecer el régimen de incompatibilidades de los agentes para tener un segundo empleo, como participar en tertulias televisivas para hablar de casos policiales, tener empresas de seguridad o trabajar en despachos de abogados.

El último borrador del decreto ha sido analizado este miércoles en el Consejo de la Policía, el órgano de negociación entre las organizaciones sindicales y la dirección general, al que no ha acudido Jupol, el sindicato mayoritario, al haber declarado conflicto colectivo a la administración, y en el que el resto, a excepción del SPP, ha votado en contra.

Hasta el momento las incompatibilidades de la Policía Nacional se regulaban por el régimen general, el de todos los funcionarios. Ahora, el Ministerio del Interior quiete contar con una norma específica y actualizada.

De esta forma, el texto, al que ha tenido acceso Efe y que se ha debatido este miércoles tras varios meses de reuniones, plantea que aquellos agentes que quieran intervenir "en cualquier medio de comunicación social audiovisual, impreso o digital" para hablar sobre "la actividad policial o en la que se haga uso de información obtenida por razón de su condición de policía nacional" deberán contar con "autorización expresa" del director general o de los responsables de la oficina de prensa.

Fuentes de la Policía Nacional subrayan a Efe que los policías no pueden convertirse en "tertulianos normales" para hablar de casos abiertos que, en la mayoría de los casos, están bajo secreto de sumario, si bien matizan que esto nada tiene que ver con las declaraciones que puedan hacer en medios de comunicación los representantes sindicales para reivindicar mejoras laborales de los agentes.

No están de acuerdo ni JUPOL ni SUP, que consideran que esta medida supone un ataque a la libertad de expresión y esconde el objetivo de que la administración ejerza más control sobre los funcionarios.

"Limita nuestra acción sindical para callar voces", asegura Chus Nieto, portavoz de Jupol, en tanto que Carlos Morales, lamenta que la dirección general no les haya trasladado el borrador que se ha debatido y que paradójicamente se ha filtrado a los medios de comunicación.

Con todo, esta limitación a participar en tertulias televisivas es, según fuentes de la dirección general de la Policía, lo que menos afecta al conjunto de los más de 70.000 efectivos, en tanto que otros segundos empleos son más frecuentes entre la plantilla policial.

Así, el texto recoge la incompatibilidad en el desempeño de diez actividades del ámbito privado como prestar servicios de gestoría administrativa, ya sea como titular o empleado; el ejercicio de la abogacía, ya sea como defensa o asesoría jurídica, en representación y defensa de intereses públicos o privados frente a la Administración, así como en asuntos de ámbito penal o administrativo relacionados con las competencias de la Policía Nacional.

Tampoco es compatible con la función policial la profesión de procurador, así como el ejercicio de cualquier otra actividad que pueda requerir presencia ante los tribunales de justicia en horario laboral, tener un cargo político, sea o no retribuido, realizar trabajos de seguridad privada o pertenecer a consejos de administración u órganos rectores de mercantiles de este sector.

El decreto también plantea que aquellos policías que dejan el cuerpo tendrán que esperar dos años para trabajar en otras actividades privadas que requieran los conocimientos policiales adquiridos como funcionario.

A los agentes que soliciten permiso y se les conceda compatibilizar su actividad en el cuerpo con otro empleo tendrán, según figura en el borrador del decreto, límites a la percepción económica por este segundo trabajo, que no podrán desempeñar más de veinte horas semanales.

Además tendrán que renunciar a parte de sus retribuciones como funcionarios y no podrán usar el uniforme, prevalerse de su condición ni invocar esta para obtener ventajas o consideración alguna en el desempeño de actividades privadas.

Con este régimen de incompatibilidades y según argumenta el propio decreto se pretende limitar no solo aquellas actividades que puedan afectar a la disponibilidad y puntualidad para la prestación del servicio, sino también aquellas situaciones potenciales que puedan poner en riesgo la imparcialidad e independencia del personal de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones.

Los sindicatos han presentado alegaciones al texto que serán estudiadas por la dirección general antes de remitir el proyecto definitivo a Interior para su tramitación correspondiente.