“A veces, a lo mejor, algunos miembros del Gobierno se olvidan de que como Gobierno tenemos que gobernar para todos los españoles y no sólo para aquellos que nos han podido apoyar con sus votos”. Esta frase que pronunció hace unos días la ministra de Defensa, Margarita Robles, puede ser toda una declaración de intenciones: ¿manda o quiere mandar Unidas Podemos más de lo que parece en el Ejecutivo de coalición con el PSOE?

Es la duda razonable que queda en el aire por las tensiones entre algunos ministros socialistas y sus homólogos de la formación liderada por Pablo Iglesias. Esa disparidad de criterios no es flor de un día, aunque Pedro Sánchez siempre aboga por destensar la posible crispación existente cada vez que puede haberla.

Puede que el recelo de algunos venga dado por las concesiones que vienen haciéndose a Podemos desde que nació esta alianza gubernamental. Son ya unas cuantas, y en ciertos casos llevan a preguntarse si el Partido Socialista no estará 'radicalizándose' demasiado. El último ejemplo ha llegado este lunes.

La prohibición de los desahucios

Sánchez ya dejó abierta el domingo la posibilidad de que la prohibición de llevar a cabo desahucios se prolongue más allá del 31 de enero de 2021. Este asunto protagoniza una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que Podemos, ERC y Bildu presentaron hace unos días. ¿Objetivo? Que la medida llegue hasta 2022 y que se acabe con el corte de suministros por impagos en viviendas.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha confirmado este lunes que el PSOE y Podemos ya negocian, sin enmiendas de por medio, al respecto de los desahucios. Un tema regulado por decreto-ley desde marzo y que ya cuenta con dos prórrogas.

El acercamiento a los nacionalistas

El entendimiento con formaciones como ERC, PNV y Bildu viene dado (sobre todo, en el primer y en el último caso) por la sintonía de Podemos con los partidos nacionalistas. Esta concesión a Iglesias y los suyos ha generado, a su vez, otras concesiones: la supresión del español como lengua vehicular que ampara la Ley Celaá, el compromiso de derogar de forma íntegra la reforma laboral de Rajoy, la anulación de las tasas al diésel, el acercamiento de los presos de ETA, etc.

La política fiscal

Medidas como la subida del IVA a las bebidas azucaradas (del 10 al 21%) llevan el sello de Podemos. Es muy posible que ocurra lo mismo al hilo de la mayor presión fiscal a las rentas más altas y los grandes patrimonios que contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (aunque, realmente, la clase media, los jóvenes y los pensionistas también se van a ver afectados). De hecho, España va a ir a contracorriente en Europa en términos de la crisis (económica) del coronavirus: subir impuestos en lugar de bajarlos (como Reino Unido, Italia o Alemania, por ejemplo).

El plan contra las fake news

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Todo apunta a que el ya conocido como Ministerio de la Verdad cuenta con un apoyo bastante potente del sector de Podemos presente en el Gobierno. Ahora mismo, acabar con la “difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos”, que “persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”, es una prioridad. La meta es lograr “información veraz y diversa”, “considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la Covid-19”.

El Ingreso Mínimo Vital

Fue uno de los grandes caballos de batalla de Podemos durante la primera ola del coronavirus. Esta prestación se creó para “prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas”. En definitiva, “garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica”.

La subida del salario mínimo

Apenas diez días después de llegar al Gobierno, Podemos ya consiguió que el Salario Mínimo Interprofesional subiese a 950 euros. Como reconoció la propia formación morada entonces, “el Gobierno no sólo ha cumplido con ese compromiso, sino que ha declarado la emergencia climática, ha actualizado las pensiones conforme al 0,9% de incremento del IPC y ha acordado la subida del 2% del sueldo a los funcionarios”.

Iglesias, en el CNI

Ya como vicepresidente segundo del Gobierno, el máximo responsable de Podemos fue incluido en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, coordinada por el Centro Nacional de Inteligencia. Una decisión que supuso que Iglesias tenga acceso a los secretos de Estado y que vino avalada por Sánchez.

Cinco ministros

Es la concesión más obvia. En estos momentos, la representación de Podemos en el Gobierno incluye a Pablo Iglesias (vicepresidente segundo: Derechos Sociales y Agenda 2030), Irene Montero (Igualdad), Yolanda Díaz (Trabajo), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades). Más allá del primer nivel, encontramos a Julio Rodríguez (jefe de gabinete de Iglesias), Nacho Álvarez (secretario de Estado de Derechos Sociales) e Ione Belarra (secretaria de Estado para la Agenda 2030), entre otros.