El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha anunciado que deducirá testimonio de las amenazas que ha dicho sufrir el exabogado de Podemos José Manuel Calvente durante su declaración como testigo en el caso Dina, sobre el supuesto robo del móvil a una exasesora de la formación, y que dará traslado a la Fiscalía para que informe al respecto.

Al poner en conocimiento del instructor las amenazas y el hostigamiento que Calvente ha relatado estar sufriendo por todo tipo de vías, sobre todo en el último mes a raíz de sus revelaciones sobre el partido, el juez le ha preguntado si necesitaba protección, han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración,

Ante esta propuesta, Calvente ha señalado que conoce que en el entorno de Podemos hay personas violentas y radicales, incluso ha señalado que cuentan con una especie de "kale borroka", y que pese a ello, por él no pediría protección, pero ha confesado que teme por su familia, momento en el que, según las fuentes consultadas, se ha emocionado y ha necesitado parar.

A lo largo de las tres horas que se ha prolongado su declaración, que se ha realizado por videoconferencia desde Barcelona, donde reside, el excoordinador del equipo legal de Podemos ha insistido en su versión de que el caso Dina obedeció a una estrategia voluntaria del partido que su propio líder, Pablo Iglesias, dirigió en connivencia con otros miembros de la cúpula de la formación.

Ha citado concretamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a Rafael Mayoral y a José Manuel del Olmo, como las personas, que además de Iglesias, eran conocedores de esta estrategia.

Según su relato, en 2016 en los chats de los abogados de Podemos ya se hacía constar que el tema del robo del teléfono de Dina no iba a ningún sitio, ya que se trataba de una cuestión interna.

Pese a ello, el 5 de febrero de 2019 hubo una reunión en la Fiscalía Anticorrupción en la que anticiparon a letrados de Podemos, entre ellos a la abogada Marta Flor Núñez, que iban a ofrecer a Iglesias personarse como perjudicado en el caso Dina.

Calvente ha dicho que a él entonces le pidieron una copia de la denuncia que Dina interpuso por el robo del móvil en 2016 y ha explicado que el se opuso al considerar que no tenía que facilitar esa documentación y que en ese momento deciden apartarle.

El ofrecimiento a Iglesias de declarar como perjudicado, según Calvente, que se produjo en marzo, poco antes de las elecciones generales de abril de 2019, le permitió presentarse como víctima de ese robo, siendo entonces ya consciente de que no se trataba de una campaña de las cloacas del Estado sino que era un tema interno del partido.

Durante su declaración ha confirmado que la abogada Marta Flor Núñez, que representa a Dina Bousselham y en su día también a Iglesias, tenía relación con el fiscal del caso Ignacio Stampa, tal y como reflejan los chats que aportó al Juzgado de instrucción 32 de Madrid, en relación con la denuncia que Podemos le interpuso por acoso sexual y laboral a esa letrada y que finalmente se archivó.

Precisamente, este ha sido uno de los motivos por los que el fiscal jefe Anticorrupción ha sustituido en este interrogatorio a Stampa y a su compañero en este caso, Miguel Serrano, para evitar cualquier tipo de implicación.

Tras la comparecencia, el abogado del excomisario José Villarejo ha anunciado que va a pedir al juez la incorporación de esos chats al caso Dina por su valor probatorio.

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Desde Podemos, han criticado que Calvente no ha aportado pruebas que respalden sus afirmaciones, que han calificado de "chismes" y "rumores", y consideran que la comparecencia ha sido un "show".

El abogado de Iglesias, que sustituyó a Núñez para representarle, Raúl Maíllo, ha destacado también que el exabogado no ha presentando ninguna prueba y ha asegurado que ni siquiera se ha atrevido a afirmar en primera persona que el caso Dina fue un montaje de la cúpula del partido, sino que se ha limitado a decir que eso fue lo que le comentaron, sin precisar quién se lo dijo.

García Castellón le llamó a declarar para conocer su versión sobre la actuación de la formación en esta pieza del caso Villarejo, de la que expulsó a Pablo Iglesias al retirarle su condición de perjudicado por las dudas que le suscitó su testimonio acerca del destino que le dio a la tarjeta de Dina Bousselham cuando la recuperó en enero de 2016 tras ser remitida a la revista "Interviú".

Cuando el líder de Podemos declaró como perjudicado, explicó al juez que en 2016, meses después del supuesto robo, recibió la tarjeta del móvil de su exasesora de manos del presidente del Grupo Zeta y aseguró que ésta funcionaba, mientras que, por su parte, Bousselham señaló que ella no pudo acceder a su contenido.

Estas contradicciones, así como que Iglesias tardara meses en devolverle la tarjeta a Dina tras recuperarla, llevaron a García Castellón a dejar de considerarle como víctima y a instruir una serie de diligencias que pueden desembocar en una petición de imputación al Supremo por estar aforado como vicepresidente segundo del Gobierno.

Otro juzgado, el de Instrucción número 42 de Madrid, investiga una denuncia del exabogado por presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos en el partido.