El Gobierno asegura que el decreto de universidades "no va" de públicas contra privadas y el PP le acusa de hacerlo "con motivos divisorios"
Feijóo asegura que "hay bastantes más chiringuitos en el Ejecutivo"

La ministra Alegría acusa a Feijóo y Ayuso de crear polémica con las universidades
Madrid - Publicado el - Actualizado
3 min lectura
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que el nuevo decreto que endurecerá los criterios para crear nuevas universidades "no va de universidades públicas contra privadas" y ha acusado al PP de generar un confrontamiento que "es mentira".
El Gobierno plantea que para crear nuevos centros universitarios sean vinculantes los informes tanto de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) -donde está el Ministerio y las comunidades autónomas- como los que emite la ANECA y las agencias autonómicas equivalentes en las comunidades autónomas.
Hasta ahora estas evaluaciones eran preceptivas, pero no vinculantes y el gobierno autonómico tenía la última palabra.
Además, los promotores de nuevos centros deben demostrar capacidad financiera suficiente desde el inicio de la apertura de la universidad y no a los cinco años, que es como contempla la actual ley.
El Ejecutivo quiere garantizar que estas instituciones tienen experiencia en la gestión de este tipo de proyectos para evitar la entrada de fondos de inversión que solo buscan rentabilidad.
El decreto aprobado en 2021 establecía un plazo de 5 años para que las universidades con autorizaciones o en vías de reconocimiento pudieran adaptarse a los nuevos requisitos. Un margen que en algunas universidades privadas veían excesivo.
El Ejecutivo pide un mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio de estos centros, que garanticen un 10 % de plazas de alojamiento universitario, así como requisitos más estrictos en materia de investigación.
También que la creación de universidades on line sean aprobadas por las Cortes Generales.
un nuevo enfrentamiento gobierno y oposición
"Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. De hecho, en este país hay magníficas universidades públicas y magníficas universidades privadas. Y es verdad que veo al Partido Popular, al señor Feijóo, a la señora Ayuso queriendo generar esta confrontación, que es clara y sencillamente una mentira", ha recalcado Alegría durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido respeto hacia las universidades privadas y ha afirmado que hay "bastantes más chiringuitos" en el Ejecutivo que en el ámbito de la educación superior mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de poner en marcha una campaña en contra de las universidades privadas "por motivos ideológicos y con fines divisorios".
La portavoz del Gobierno ha incidido en que la reforma del decreto que autoriza la creación de nuevas universidades y cuyo trámite de urgencia ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros solo persigue asegurar la calidad tanto de los centros públicos como de los privados para garantizar que se cumplen unos "mínimos requisitos".
"Porque, repito, esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", ha dicho tras recordar que ha sido un documento "trabajado y debatido con universidades privadas y públicas y con la CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas)".
Alegría ha pedido al PP y en concreto a los gobiernos de las comunidades autónomas de Madrid y de Andalucía que "cumplan con sus responsabilidades y con sus competencias" e inviertan más en las universidades públicas, porque "los datos dicen lo contrario".
"A la señora Ayuso yo la veo siempre muy elocuente, intentando introducir debates absolutamente estériles y le pediría que se remangara y se pusiera manos a la obra, que cumpliera con sus obligaciones y destinara más fondos a la educación pública", ha incidido la portavoz del Gobierno tras recordar que Madrid ha recortado un 30 % la financiación a sus universidades públicas y es la segunda autonomía que tiene los precios de los créditos de grado más caros.