A pesar de lo que se podría llegar a pensar, los indultos en España han tenido un largo recorrido. Buena prueba de ello es el hecho de que la ley que los regula data de nada más y nada menos que 1870, a pesar de que ya existían medidas similares con muchos más años de antigüedad.

Esta normativa está reflejada en la Constitución, y como es lógico, ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de estos más de 150 años.

Sin embargo, esta medida de gracia no debe confundirse con la amnistía, que tiene características diferentes.

En el indulto, el Estado perdona el cumplimiento de una condena de forma total o parcial y se diferencia de la amnistía en que es de caracter individual y que no implica la desaparición de un delito, si no únicamente de la responsabilidad penal.

Por ello, no se eliminan los antecedentes ni tampoco se eximen las sanciones estipuladas, por lo que solo afecta a la condena en sí.

Formalmente, el derecho al indulto le corresponde al Rey, pero en realidad la decisión ha de ser propuesta desde el Ministerio de Justicia y deliberada previamente en el Consejo de Ministros.

Según la citada ley de junio de 1870 existen tres vías para iniciar el expediente de indulto. La primera, que sean los propios condenados o alguien en su nombre los que así lo soliciten, la segunda que se haga a propuesta del tribunal sentenciador, del Supremo o de la Fiscalía y la tercera, en caso de que no sucedan ninguna de las dos anteriores, que sea a propia iniciativa del Gobierno.

Una vez iniciado el proceso, Justicia es el órgano encargado de remitir el expediente al tribunal sentenciador, que a su vez debe pedir un informe al Ministerio Fiscal y otro a la prisión en la que el condenado cumple con su pena.

Tras esto, el tribunal sentenciador debe emitir otro informe, que sin embargo no es vinculante, ya que la decisión corresponde únicamente al Consejo de Ministros.

¿Funcionan los indultos en España?

Según los datos oficiales publicados, lo cierto es que en nuestro país los indultos no se suelen conceder, o al menos, no en su amplia mayoría, con cierta tendencia a la baja.

Así, según lo que se refleja en la plataforma especializada Civio, de los varios miles de indultos que se solicitan durante los últimos años, apenas se suelen conceder varias decenas de ellos. Por ejemplo, el pasado 2020 fueron 30, el 2019 fueron 40 y en 2018 solo 17.

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La cifra más elevada de la última década corresponde a 2012, cuando se concedieron en total 534 indultos, a pesar de que es importante destacar que hasta 2013, todos los años del nuevo siglo registran más de los dos centenares de casos, bajando de los cien desde el citado año en adelante.

Algunos de los indultos más sonados

Esta medida suele aplicarse, por una mera cuestión numérica, a presos anónimos en su mayor parte. Sin embargo, también se han aplicado indultos en casos mas sonados, como sería ahora con el del procés, consiguiendo bastante notoriedad e incluso desatando importantes polémicas.

Uno de los que más ruido generaron fue el del general Alfonso Armada, implicado en el 23-F de 1981 y que fue condenado a 30 años de prisión en 1983. Para 1988 su estado de salud empeoró notablemente, por lo que el Gobierno de Felipe González decidió concederle el indulto.

Otro caso sonado también estuvo relacionado con los mandatos de Felipe González, pero ocurrió ya con José María Aznar en la presidencia. Tuvo como protagonistas al exministro del Interior, José Barrionuevo, y al exsecretario de Estado, Rafael Vera, implicados en el secuestro de Segundo Marey en una de las acciones de los GAL. Marey era un inocente ciudadano francés que fue confundido con un líder de ETA, un grave error por el que ambos fueron condenados a diez años entre rejas. En 1998 se les concedió el indulto parcial y el tercer grado.

Ya en 2011, durante el último período del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, mientras continuaba en el ejercicio de sus labores en funciones, se indultó al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, que había sido condenado por acusación falsa, delito que cometió en 1993 cuando presidía Banesto. Este resultó un caso bastante curioso, pues el indulto le permitió continuar en su puesto en el grupo Santander, pero en 2013 el Tribunal Supremoanuló dicha concesión al considerar que el Gobierno no podía anular la normativa bancaria que prohíbe ejercer a alguien con antecedentes penales por delitos de esta índole.

Un año después, con Mariano Rajoy a los mandos, la polémica vino con los indultos a José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, los dos oficiales acusados por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el fatídico accidente de la aeronave Yak-42, ocurrido en Turquía en el año 2003. En su caso, el indulto les permitió no ser expulsados del ejército, pero la decisión levantó muchas críticas, especialmente por parte de las familias de los fallecidos.