El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha advertido de que "fiscalizará" la gestión de las prisiones que realice el Gobierno Vasco con el objetivo de comprobar que "se cumpla la ley" y no se busquen "trampas" para "abrir las puertas" a los presos de ETA "cuando no toque".

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha mostrado en un comunicado sus reticencias al traspaso de la competencia de prisiones del Gobierno al ejecutivo autonómico firmado este lunes y ha solicitado una reunión con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, para acordar un "protocolo de comunicación directo" con este departamento.

El colectivo pide que se le informe de las decisiones sobre los presos de ETA con "total transparencia", "al igual" que sucede con el Ministerio del Interior, que le comunica los traslados y progresiones de grado que se llevan a cabo desde Instituciones Penitenciarias.

Ordóñez ha asegurado que Covite va a "ejercer" el derecho que tiene a participar en la ejecución penitenciaria, en conformidad con la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito.

Ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" porque los presos de ETA que cumplen condena en cárceles vascas "son una minoría, concretamente 31 por política penitenciaria, por razones humanitarias o porque han renegado" de la banda terrorista y mostrado "rechazo a su pasado criminal".

Los etarras "más radicalizados y que siguen orgullosos de sus crímenes" no están en cárceles de Euskadi, ha detallado.

No obstante, "dada la experiencia" con el caso del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, ha subrayado que "seguirá muy de cerca" el modelo penitenciario que aplique el Gobierno Vasco.

Ordóñez ha recordado que Artolazabal ha reiterado en numerosas ocasiones que se priorizará "la reeducación, la resocialización y la reinserción", y el modelo del Gobierno Vasco se enfocará hacia "una mirada más restaurativa que ayude a las personas que cumplen condena a que lo puedan hacer de otra manera".

"Estaremos muy pendientes de que todo esto no signifique buscar trampas y nuevas vías para ayudar a los etarras a salir cuanto antes, es decir la impunidad", ha indicado Ordóñez.

El colectivo de víctimas considera "decepcionante" que asuntos que afectan a los derechos de las víctimas se aborden como "una moneda de cambio en las negociaciones políticas" y advierte de que "no confía en que quienes ejercen el poder político vayan a velar por respetar" dichos derechos por lo que serán las "víctimas quienes fiscalicen que así sea".