Las intervenciones de los jueces y magistrados en entrevistas, coloquios, participaciones públicas y redes sociales deben ajustarse al concepto de "neutralidad política", según el dictamen de la Comisión de Ética Judicial del que este lunes ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De este modo, la Comisión entiende que esas intervenciones deben ser neutrales de acuerdo a los principios de imparcialidad, independencia e integridad de los miembros de la carrera judicial, y deben guiarse por "la prudencia y la moderación que recogen las normas éticas, nacionales e internacionales" sobre los límites de la libertad de expresión de los jueces.

Son las conclusiones contenidas en el dictamen con el que la Comisión responde a una consulta sobre el modo en que un juez debe desenvolverse públicamente, ya sea en una entrevista en un medio de comunicación, un coloquio jurídico o en las redes sociales, para no comprometer ni su apariencia de imparcialidad ni la del Poder Judicial y para no generar desconfianza en la ciudadanía.

La Comisión ya dejó claro en otra ocasión que los jueces y magistrados deben ejercer con prudencia y moderación su derecho a la libertad de expresión para que no se vea afectada "su apariencia de imparcialidad y, por extensión, la credibilidad de la Justicia ante el ciudadano", subraya el comunicado del CGPJ.

Y recuerda que todo ello tiene el apoyo legal en el artículo 365 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece los límites legales a la libertad de expresión de los jueces y magistrados, y en el 127 de la Constitución, que prohíbe a estos profesionales en activo militar en partidos políticos o sindicatos para evitar así su identificación con una concreta ideología política.

Asimismo, el dictamen de la Comisión señala que los comentarios e intervenciones de los miembros de la carrera judicial en medios de comunicación, redes sociales o encuentros jurídicos deben desarrollarse "con las formalidades de la buena educación" y "sin expresiones irrespetuosas, vejatorias o dañinas".

Sobre las redes sociales, el dictamen invita a los jueces a demandar formación suficiente sobre su funcionamiento y uso.

Cita un curso de Naciones Unidas en 2019 en el que se aconsejaba a los jueces "no publicar nada que pueda socavar la confianza del público en la imparcialidad del Poder Judicial, como opiniones políticas o cuestiones polémicas" y "no identificarse como juez en los medios sociales".

En suma, el dictamen indica que, de acuerdo con los principios de ética judicial, la participación en redes sociales debe estar presidida por "la prudencia y la mesura".

La Comisión de Ética ha dado también respuesta a una consulta sobre la conveniencia de formar parte de un tribunal de calificación a un cuerpo de letrados autonómico.

El dictamen señala que los jueces y magistrados deben considerar distintas cuestiones antes de decidir si es correcto, desde el punto de vista de la ética judicial, aceptar ser miembro de un tribunal de oposiciones.

La Comisión de Ética Judicial es un organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial y está compuesto por seis miembros de la carrera judicial -elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles- y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho, cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial.