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CASO VILLAREJO

La Audiencia rechazó extradición de empresario a Guatemala porque es español

La Audiencia Nacional rechazó la entrega a Guatemala del empresario Ángel Pérez-Maura, investigada por si el excomisario José Villarejo intentó influir en ella, porque se trata de un ciudadano español sin vínculos con Guatemala y que podrá ser juzgado en España por los hechos por los que le investiga ese país.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 16:35

La Audiencia Nacional rechazó la entrega a Guatemala del empresario Ángel Pérez-Maura, investigada por si el excomisario José Villarejo intentó influir en ella, porque se trata de un ciudadano español sin vínculos con Guatemala y que podrá ser juzgado en España por los hechos por los que le investiga ese país.

El auto de la sección cuarta de la Sala de lo Penal del pasado mayo, del que fue ponente la magistrada Ángela Murillo, detalla las razones por las que se denegó la extradición a Guatemala de este empresario, nacido en 1962 en Santander y residente en Madrid.

Las autoridades guatemaltecas ordenaron su detención en 2016 alegando que hay indicios de que Pérez-Maura, directivo de Grup Maritim TCB y que fue designado por esta empresa como representante en Guatemala, se concertó con cargos del gobierno de ese país para influir en la concesión de la adjudicación de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal, en la región de Escuintina.

Guatemala le atribuye haber acordado con esas autoridades facilitar el proyecto "sin usar procedimientos administrativos como el de licitación, que requerían una gran cantidad de tiempo", de manera que se cometieron un "cúmulo de ilegalidades" a cambio de unos "pagos millonarios" de comisiones ilegales que él "administraba".

Tras el análisis del convenio bilateral de extradición entre España y Guatemala y las circunstancias personales de Pérez-Maura, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó en contra de su entrega a Guatemala alegando varios motivos y, principalmente, que se trata de un español y que dicho convenio no obliga a extraditar a los ciudadanos nacionales.

La Fiscalía destacó también que de los delitos por los que se le reclamaba -asociación ilícita, fraude y cohecho- solo podía ser entregado por este último de acuerdo a dicho convenio de extradición y que se trata de un delito con penas de entre 2 y 4 años de cárcel, con lo que de aplicar la mínima el condenado podría no entrar en prisión.

La sala acogió los argumentos del fiscal y, teniendo en cuenta que la entrega de un español a Guatemala no es obligada, expuso en su auto los diferentes motivos por los que no cabía entregarlo.

Así, destacó que "no aparece un solo dato revelador, en mayor o menor medida, de una relación en cierto modo importante o especial (de Pérez-Maura) con Guatemala, más allá de una mera actividad comercial o mercantil desarrollada en su territorio".

Por contra, aseguraron los jueces, "sí se vislumbra un arraigo intenso en España", donde reside y tiene esposa e hijos.

Además, de acuerdo al tratado bilateral, tan solo se le puede enjuiciar por cohecho y "resultaría sumamente fácil", aseguró la sala, "hacerlo en españa mediante la aportación de la oportuna documental".

De hecho, Guatemala solicitó a España que, si no se le entregaba, fuera juzgado en este país, recuerda en su auto la sala, que deniega otros motivos alegados por la defensa del empresario, como el peligro que podría sufrir en el país centroamericano por las supuestas violaciones de derechos fundamentales que allí se cometen.

El juez del caso Tándem investiga si el excomisario Villarejo pudo influir de alguna manera para evitar la extradición de Pérez-Maura a cambio de dinero, unos hechos que ha negado rotundamente la Fiscalía de la Audiencia Nacional afirmando que los dos fiscales que llevaron este procedimiento actuaron con "profesionalidad, rigor y competencia".

En concreto, El Confidencial publicó el pasado lunes que se está investigando si la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se pudo reunir con Villarejo por este asunto, lo que ella desmintió tajantemente.

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