Entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ha colado el ingreso en prisión del raperoPablo Hasel condenado por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la Corona y a los Cuerpos de Seguridad del Estado. Los socios de coalición han decidido ahora enredarse con el Código Penal.

A última hora de este lunes, La Moncloa anunciaba en un precipitado movimiento, dejando inicialmente al margen al Ministerio de Justicia, una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión. La pretensión era que “sólo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad”.

La propuesta promoverá que “excesos verbales cometidos en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales” carezcan de castigo penal. Entienden en el ala socialista del Ejecutivo que “el derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni desde luego es proporcionada para responder a comportamientos que, aún pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondríaun desaliento para libertad de expresión”.

El paso, reconocieron desde La Moncloa, era una reacción al “caso Hasel”, adelantándose además a la intención de Unidas Podemos de registrar este martes en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley precisamente para derogar los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos o de enaltecimiento del terrorismo. Tal previsión llevó en definitiva a la órbita socialista a reaccionar y, a la postre, a malograr la iniciativa del socio minoritario.

De ahí la máxima celeridad de La Moncloa en lanzar un globo sonda para arrebatar una bandera a los morados que llegan a denunciar una “deriva autoritaria en España”. La nueva brecha en el Gobierno está servida.