María no da crédito con lo que se encuentra por entrar en su casa okupada aprovechando un viaje de los okupas a Martinica: 100.000 euros

Los desalojos de los ocupantes ilegales tardan más de lo que los dueños de las viviendas quisieran, alargando los procesos judiciales.

Exterior del hotel ocupado conocido como 'La Jungla' en el barrio de San Blas, archivo

Europa Press

Exterior del hotel ocupado conocido como 'La Jungla' en el barrio de San Blas, archivo

María Bandera

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La desesperación de un propietario que tenga una vivienda okupada puede llegar a límites insospechados, tanto que puede empañar su sentido de la realidad y tener consecuencias nada deseadas. 

Lo cierto es que la ocupación ilegal continúa siendo uno de los problemas más graves en España. Cada vez son más los dueños que sienten frustración al ver cómo sus viviendas son invadidas, un fenómeno que ha ganado notoriedad en los últimos años.

De acuerdo con el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en España hubo conocimiento de un total de 16.426 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles durante  2024. Si lo comparamos con el año anterior, esta cifra supone un incremento de 15.289.

Lo malo  es que, con frecuencia, los desalojos de los ocupantes ilegales tardan más de lo que los dueños de las viviendas quisieran, alargando los procesos judiciales. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se resolvieron 12.263 de los 16.426 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles en todo el país, lo que deja sin cerrar 4.163 expedientes solo durante ese año.

Esto hace que muchos propietarios se tomen la justicia por su mano y traten de recuperar como sea, lo que por derecho les corresponde sin pensar en las consecuencias que acarrea.

Lo hemos visto recientemente en el pequeño municipio francés de Carcasona , al sur del país. Tal y como recoge el HuffPost, María, una de sus vecinas, tuvo que ver como su casa era tomada por un grupo de inquiokupas, así que decidió tomarse la justicia por su mano. Aprovechó la ausencia de sus indeseados 'inquilinos', que se habían ido de vacaciones a la isla de Martinica, para recuperar lo que era suyo. 

Lo que nunca se pudo imaginar era a lo que se iba a enfrentar por esta incursión en su casa okupada. Según el Código Penal galo, no se puede llevar a cabo ningún desalojo forzoso de okupas. Así que, tal y como explica el medio, María puede sumar al drama que ya vive, siete años de cárcel y una multa de 100.000 euros. 

Carcassonne Languedoc France

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Carcassonne Languedoc France

casi 1000 euros a daniel guzmán

Pero en España también hemos vivido situaciones similares. Hace justo un año  el actor y director Daniel Guzmán asumía una sanción de 950 euros —600 en concepto de multa y 350 por daños— tras ser declarado culpable de un delito leve de lesiones por expulsar de manera agresiva a varias personas que habían ocupado una vivienda suya en Madrid.

Daniel Guzmán, en imagen de archivo

Daniel Guzmán, en imagen de archivo

Y es que, aunque cueste mantener la calma, hay que pensar con la cabeza antes de actuar. Un propietario que intenta forzar la marcha de sus okupas cambiando la cerradura de la casa o cortando suministros como la luz o el  agua, estaría incurriendo en un delito de coacciones,  según reza el artículo 172 del Código Penal, lo que podría derivar en multas o penas de prisión de seis meses a tres años, dependiendo de lo que hayamos hecho, según explica el portal de alquiler Wolo. 

Además, si se decide forzar la entrada a la vivienda ocupada, estaríamos hablando de allanamiento de morada, por lo que los okupas estarían incluso en su derecho de llamar a la policía para denunciar nuestra intrusión.

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