La Justicia da un revés a Airbnb y le obliga a pagar la multa de 64 millones por sus anuncios irregulares

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Airbnb, por lo que la plataforma deberá abonar la [multa de 64 millones de euros que le impuso el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. 

Según ha informado Europa Press, la decisión del tribunal obliga a la compañía a hacer frente al pago, aunque contra esta decisión cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El origen de la sanción millonaria

La sanción fue impuesta en diciembre de 2025 tras una investigación que detectó infracciones en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos. El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy acusó a la plataforma de llevar a cabo "prácticas comerciales desleales" con los consumidores al no cumplir con las [normativas autonómicas, que exigen la inclusión del número de registro en toda la publicidad.

Consumo también advirtió que Airbnb publicaba anuncios con un número de licencia falso o que no se correspondía con la numeración oficial. Además, se detectaron anuncios que incurrían en "publicidad engañosa" al no ofrecer información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.

Desglose de la multa

El grueso de la sanción, 63,98 millones de euros, corresponde a una infracción grave por "publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia". Este importe equivale a seis veces el beneficio "ilícito" que, según el Ministerio, obtuvo Airbnb desde que fue apercibida hasta que retiró los anuncios en julio de 2025.

Publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia"

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La multa total se completa con otras tres infracciones. Una de 10.000 euros por incumplir el [régimen de los contratos a distancia, otra de 10.000 euros por "obstrucción o negativa a suministrar datos", y una tercera de 55.000 euros por desoír las medidas provisionales dictadas por el órgano instructor.

El proceso judicial

Inicialmente, Airbnb recurrió el importe global de la sanción ante la justicia, lo que provocó la suspensión temporal de la obligación de pago. Ahora, el auto del TSJM rechaza la solicitud de medidas cautelares de la plataforma, que buscaba aplazar el abono de la multa hasta que se dictara una sentencia firme sobre el fondo del asunto.