Julio Naveira, abogado experto en derecho inmobiliario: "Mientras no haya una regulación que permita desalojar en 24 o 48 horas, seguiremos con una legislación que protege más al okupa que al propietario"

La ocupación ilegal de viviendas sigue siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza para miles de propietarios en España. Los procesos judiciales se alargan durante años, los okupas permanecen en las casas sin pagar y, en muchos casos, los dueños deben seguir abonando los suministros de luz o agua.

El abogado Julio Naveira, experto en derecho inmobiliario y expresidente del Consejo de la Abogacía de Cataluña, lo tiene claro: “La legislación actual no disuade a los usurpadores. Todo lo contrario. Les protege”.

En una entrevista en Mediodía COPE, Naveira alerta de que el sistema judicial español no ofrece una respuesta rápida ni eficaz ante este tipo de delitos. “El retraso en la recuperación de una vivienda viene a ser de dos años o dos años y medio, así que la legislación sigue siendo exactamente igual, favorable a los okupas”, señala. 

La decisión de Barcelona: alivio para los propietarios

La conversación con el abogado llega pocos días después de que la Audiencia Provincial de Barcelona aprobara un acuerdo que impide condenar a los propietarios que decidan cortar los suministros de viviendas ocupadas de forma ilegal.

Según Naveira, “este acuerdo afecta solo a la provincia de Barcelona, no a Girona, Tarragona o Lleida”. No se trata, aclara, de un cambio en la ley, sino de una nueva interpretación judicial: los okupas aún pueden denunciar a los propietarios, pero los jueces no los condenarán por ello.

“El acuerdo consiste en que los propietarios no serán condenados por el delito de coacciones si cortan la luz, el gas o el agua en viviendas ocupadas de forma delictiva”, explica. Eso sí, no se aplica a inquilinos que dejen de pagar el alquiler, sino únicamente a casos de ocupaciones ilegales.

Para el abogado, se trata de “un pequeño desahogo para los propietarios, que hasta ahora, además de no poder recuperar su vivienda, debían seguir pagando los recibos de los okupas”. 

Naveira también recuerda que otras provincias ya han dado pasos más allá. “La Audiencia Provincial de Girona adoptó una decisión muy importante: permitir el desalojo inmediato en las primeras 24 horas sin necesidad de autorización judicial”, señala.

Esa resolución, sin embargo, solo es válida en Girona. En Barcelona, explica, no se ha adoptado una medida similar. “Cada audiencia provincial actúa de forma independiente, y será el Tribunal Superior de Justicia quien unifique criterios”, apunta.

El retraso en la recuperación de una vivienda viene a ser de dos años o dos años y medio, así que la legislación sigue siendo exactamente igual, favorable a los okupas”

Julio Naveira

Abogado experto en derecho inmobiliario

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Mientras tanto, el abogado insiste en que la ocupación ilegal es un problema real y en crecimiento. “No se puede mirar hacia otro lado ni ocultar la realidad”, advierte. Según él, aunque la ley 5/2018 ayudó a reducir las ocupaciones en viviendas de particulares, las que afectan a personas jurídicas o locales se han disparado.

“Está habiendo un incremento constante y brutal de ocupaciones gracias a la permisividad y, sobre todo, a la lentitud en conseguir un desalojo”, denuncia.

Además, critica que el último Real Decreto Ómnibus haya prorrogado hasta finales de 2025 la suspensión de lanzamientos para familias vulnerables, incluso en casos de ocupaciones ilegales. “La legislación sigue favoreciendo a los okupas, mientras los propietarios soportan los costes y la impotencia”, lamenta. 

Para Naveira, la única solución real pasa por cambiar la ley. “La única forma de impedir que los okupas continúen ocupando viviendas es regular el desalojo inmediato, en un plazo de 24 o 48 horas como máximo”, sostiene con firmeza.

“Solo así —añade— los propietarios recuperarían la confianza en la justicia y se evitaría que este tipo de delitos siguieran creciendo”.

El abogado concluye con un mensaje rotundo: “Mientras el Estado no actúe con rapidez, los okupas seguirán sintiéndose impunes y los ciudadanos desprotegidos”.