Los expertos alertan sobre el cambio en el SEPE que afectará a parados de larga duración: "Menos ofertas laborales"

El Gobierno ha lanzado este año una ambiciosa estrategia de apoyo al empleo con el objetivo de reducir el paro estructural en España. Esta hoja de ruta, que tendrá carácter plurianual y se extenderá hasta 2029, tiene previsto destinar en 2025 más de 2.500 millones de euros a políticas activas de empleo. Sin embargo, distintos expertos ya han comenzado a advertir que este esfuerzo presupuestario podría no ser suficiente si no se corrigen los problemas estructurales del actual sistema de intermediación laboral.

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“Los servicios públicos intermedian en menos del 2 % de los contratos de trabajo, es decir, la mayoría encuentra empleo por otras vías”, advierte Victoria Ballesteros, periodista experta en economía en COPE. La razón, según detalla, es la escasa conexión del SEPE con las empresas, una debilidad histórica que compromete la eficacia de cualquier estrategia, por ambiciosa que sea.

“Invertimos bastante mal el dinero, invertimos bastante poco en intermediación”, resume Marcel Jansen, experto en economía laboral. “Los servicios públicos de empleo de España están más alejados del tejido empresarial y manejan muchas menos ofertas laborales”, añade. En su opinión, “pretender que vamos de esta situación a ser el mejor servicio público de empleo en Europa me parece una quimera”.

Fallan las conexiones con las empresas

Uno de los pilares del nuevo plan del Gobierno es la mejora de la empleabilidad de parados de larga duración, que representan casi la mitad de los 2,4 millones de personas desempleadas en España. A ellos se suman jóvenes y personas con discapacidad, colectivos a los que también va dirigida esta nueva estrategia.

El Gobierno ha establecido un sistema de objetivos para las comunidades autónomas, que gestionan los recursos y tendrán que cumplir metas concretas en materia de inserción laboral. Sin embargo, los expertos temen que estos objetivos sean “muy cuesta arriba” si no se refuerzan los canales de contacto con el tejido empresarial.

“La formación que se ofrece debe estar orientada a las necesidades reales del mercado laboral”, alerta Ballesteros. Algo que, según los especialistas consultados por COPE, no siempre sucede. La brecha entre lo que ofrecen los servicios públicos de empleo y lo que necesitan las empresas es demasiado grande como para cerrar con solo más financiación.

¿Más dinero, mejores resultados?

La nueva estrategia de apoyo al empleo es la primera planificación plurianual de este tipo en España. Supone un paso relevante, sobre todo por su alcance temporal hasta 2029, y por su foco en los colectivos más vulnerables al desempleo. Pero desde ámbitos académicos y profesionales del empleo advierten que, sin una reforma profunda del modelo de intermediación laboral, los 2.500 millones de euros destinados este año pueden no dar los frutos esperados.

En el fondo, el debate se resume en una pregunta clave: ¿estamos invirtiendo bien el dinero público en políticas activas de empleo? Para Marcel Jansen, la respuesta es clara: no. El reto, según su análisis, no está solo en cuánto se invierte, sino en cómo y dónde se invierte.

España continúa rezagada en la capacidad de sus servicios públicos para conectar a demandantes de empleo con empresas. Una asignatura pendiente que, si no se supera, dejará en papel mojado muchos de los esfuerzos que se están plasmando en esta nueva estrategia gubernamental.

En un contexto en el que otras economías europeas como Alemania u Holanda apuestan por modelos de colaboración público-privada más ágiles y enfocados a la empleabilidad real, España necesita más que planificación: necesita resultados.