La Comunidad de Madrid prohíbe el acceso a estas viviendas a okupas durante cinco años

La okupación ilegal lleva años generando polémica en España y enfrentando a propietarios, administraciones y colectivos sociales. Mientras algunos la relacionan con la falta de vivienda asequible, otros la señalan como un problema de seguridad jurídica.

La Comunidad de Madrid impedirá durante cinco años el acceso a viviendas protegidas a las personas condenadas por okupación ilegal. 

La medida se aplicará únicamente a quienes cuenten con una sentencia firme y forma parte de la estrategia del Gobierno regional para reforzar el control sobre el uso del parque público de vivienda.

El veto se incorpora como un nuevo requisito en los procesos de adjudicación y afectará tanto a promociones en régimen de alquiler como a otras fórmulas incluidas dentro de la vivienda protegida. 

Vamos a seguir reforzando nuestra lucha contra la ocupación a pesar de tener unas competencias limitadas"

Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Según el Ejecutivo autonómico, el objetivo es que los recursos públicos lleguen a personas que cumplan con la legalidad y respeten los procedimientos establecidos.

A partir de ahora, quienes hayan sido condenados por okupar una vivienda de forma ilegal quedarán excluidos de las convocatorias durante el periodo fijado, incluso aunque cumplan el resto de condiciones económicas o sociales.

La restricción se suma a otros filtros ya existentes, como los límites de ingresos, el empadronamiento o la situación familiar.

Alta demanda y pocas viviendas disponibles

La Comunidad de Madrid gestiona uno de los mayores parques de vivienda pública del país, con miles de inmuebles destinados principalmente al alquiler social.

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Sin embargo, la demanda supera ampliamente a la oferta disponible, lo que provoca largas listas de espera y una fuerte presión sobre el sistema.

Por este motivo, el Gobierno regional considera necesario reforzar los criterios de acceso y priorizar a los solicitantes con mayor necesidad.

Desde el Ejecutivo madrileño defienden que permitir el acceso a personas condenadas por okupación supondría un agravio comparativo frente a quienes llevan años esperando una vivienda por los cauces legales.

"Vamos a seguir reforzando nuestra lucha contra la okupación a pesar de tener unas competencias limitadas", subrayó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en referencia al marco legal que regula este tipo de actuaciones.

El Gobierno autonómico sostiene además que la medida puede tener un efecto disuasorio y contribuir a reforzar la seguridad jurídica, evitando que la vivienda pública se perciba como una vía indirecta de regularización tras una okupación ilegal.

Críticas por el impacto social de la medida

La decisión no ha estado exenta de críticas. Organizaciones sociales y colectivos vinculados al derecho a la vivienda advierten de que la restricción puede agravar situaciones de exclusión, especialmente en personas con graves dificultades económicas o laborales.

Estas entidades recuerdan que, en muchos casos, la okupación está relacionada con situaciones de emergencia habitacional y reclaman un mayor esfuerzo por parte de las administraciones. 

Entre sus peticiones destacan el aumento de la inversión pública en vivienda y el desarrollo de alternativas antes de aplicar medidas sancionadoras.

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La iniciativa del Gobierno madrileño se enmarca en una tendencia más amplia de endurecimiento de las políticas contra la okupación ilegal en varias comunidades autónomas. 

En los últimos años, distintas administraciones han reforzado los controles sobre el acceso a vivienda pública y han impulsado reformas para agilizar los procesos judiciales.

A medio plazo, la aplicación del veto puede modificar el perfil de los solicitantes y reducir la presencia de personas con antecedentes por okupación en las listas de espera. 

No obstante, su impacto real dependerá en gran medida de la capacidad de las administraciones para ampliar el parque público y responder al problema del acceso a la vivienda.