Busca piso de estudiantes para el curso siguiente y la imagen que encuentra hace que se lo replantee todo: "Es discriminante"

Con la llegada del verano, no solo se disparan las temperaturas: también lo hacen las colas frente a inmobiliarias y portales con carteles de “Se alquila”. Es una escena cada vez más común, protagonizada por jóvenes que buscan un piso o una habitación para poder estudiar en la universidad el próximo curso. Muchos madrugan, con la esperanza de encontrar algo antes de que desaparezca del mercado. “Venimos temprano porque sí hay bastante gente”, comenta una estudiante a COPE, mientras aguarda su turno para visitar un piso compartido.

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Cada curso, medio millón de universitarios se lanzan a esta carrera de fondo por un lugar donde vivir, ya sea en colegios mayores o pisos de alquiler. En ciudades como Madrid o Barcelona, la búsqueda se convierte en una auténtica misión imposible. No es solo una cuestión de oferta, sino de precios que superan, en muchos casos, las posibilidades económicas de los estudiantes y sus familias. “Pensamos en 200-300 euros por cabeza”, señala otro joven, aún indeciso entre elegir piso o residencia.

La realidad, sin embargo, es tozuda: por ese precio es difícil encontrar algo decente. En ciudades universitarias como Salamanca, una habitación puede costar unos 250 euros, pero en las grandes capitales esa cifra se duplica e incluso se triplica. Según Victoria Ballesteros, periodista de economía de la Cadena COPE, las residencias tampoco son una opción realista para la mayoría. Con precios medios que rondan los 900 euros al mes, muchos estudiantes se ven obligados a renunciar. Solo uno de cada cinco logra plaza en estos centros.

El precio, una nueva barrera de acceso

Lo más preocupante es que el precio del alojamiento está empezando a funcionar como una barrera de acceso a la educación superior, tal y como denuncia el profesor Pablo López Calle, sociólogo del trabajo en la Universidad Complutense de Madrid. “El precio de la vivienda se está convirtiendo en parte, en un discriminante para acceder a las carreras que, por mérito individual, por el esfuerzo que han hecho en el estudio, podrían hacer”, asegura.

Para algunos estudiantes, esta realidad marca el rumbo de su futuro académico. “Por ahora, lo que vimos no hay mucho, la verdad”, explica una joven resignada. La disponibilidad y el coste del alojamiento pesan más que la nota de corte. “Preocupa que el corte ya no sea la nota, sino el precio del alojamiento”, subraya Ballesteros.

Este problema, que ya se ha convertido en estructural, está influyendo no solo en la experiencia universitaria, sino en el acceso mismo a los estudios. Muchos optan por quedarse en ciudades más pequeñas o cerca del hogar familiar, aunque eso suponga renunciar a determinadas titulaciones o universidades. Y mientras tanto, el mercado de alquiler juvenil sigue tensionado, sin una respuesta eficaz desde la política pública.

Una odisea que se repite cada verano

Desde organizaciones estudiantiles y plataformas como CEUNE (Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado), se pide un plan nacional de alojamiento universitario, que garantice igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios. También se denuncian prácticas especulativas en el alquiler, como las fianzas abusivas o los contratos fraudulentos.

En este contexto, la pregunta clave no es solo dónde vivirán los estudiantes, sino quién podrá estudiar realmente. Porque si el precio del techo determina el acceso a la educación, no solo hablamos de desigualdad económica, sino de discriminación estructural. Y eso, como reconocen los propios protagonistas, “hace que te lo replantees todo”.