"García Ortiz no ha dimitido; esto jamás había ocurrido en la historia de España, pero como Sánchez es el presidente de las primeras veces, ahí tienen otra"

Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es lunes, es 3 de noviembre y en eso estamos. ¿En qué estamos? En dos asuntos fundamentales hoy, porque tenemos ante nuestros ojos un asunto programado y otro asunto, digamos, de autor. 

El primer juicio de la democracia a un fiscal general del Estado que comienza a las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo y, por otra parte, la decisión sobre el futuro del presidente valenciano Carlos Mazón, que puede saltar en cualquier momento de la mañana, aunque ayer ya se adelantó que efectivamente la dimisión es la salida por la que se optará, aunque luego ya veremos cuál es el relevo y en qué circunstancias.

Pero se da una paradoja fina entre los dos casos: entre el de Álvaro García Ortiz y el de Carlos Mazón. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se sienta en el banquillo por revelación de secretos y no ha dimitido. Sigue al frente de la fiscalía, por increíble que parezca.

Esto jamás había ocurrido en la historia de España, pero como ya se sabe que Sánchez es el presidente de las primeras veces, pues ahí tienen otra primera vez, marcando uno de los hitos del sanchismo. No dimite ni estando procesado, que esta debería ser la famosa regeneración democrática: no tener a un fiscal general sentado en el banquillo, atrincherado en el cargo.

Y Carlos Mazón, que es el achicharrado presidente de Valencia, puede dejar de serlo en las próximas horas, pero él no está procesado ni imputado. Hombre, todavía, viendo el entusiasmo que le pone la jueza de Catarroja que lleva el caso, pues puede estarlo en cualquier momento. Pero va a dimitir por presión social, por la responsabilidad política de no haber estado en su sitio en el momento de una tragedia terrible, las inundaciones de la DANA de hace un año, de la que ya hemos hablado largamente, y de la que, bueno, es inútil que se añadan más cuestiones.

¿Por qué Álvaro García Ortiz se permite el lujo de no dimitir? ¿Y por qué Carlos Mazón tiene que hacerlo? Ahí, en la respuesta a esa pregunta, se encuentran las claves de la insoportable situación política que vive nuestro país. Se han roto los consensos más básicos de la sociedad española. La dimisión de Mazón respondería a esos viejos consensos sobre lo que debe hacer un político en un régimen democrático de rendición de cuentas: dimitir.

Por el contrario, el mantenimiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado demuestra justamente lo contrario: el desprecio hacia esas normas. El desprecio a la institución, es la estrategia de tierra quemada, es decir, la polarización a cualquier precio. Son las bases electorales y sociales de la derecha las que exigen al PP la salida de Mazón a pesar de la enorme manipulación que la izquierda ha hecho de su caso. Pero la base electoral del PSOE, las huestes del sanchismo, han hecho de Álvaro García Ortiz su héroe o su mártir.

Esto ya lo decidirá el Supremo con la sentencia después de estos 10 días aproximadamente de juicio. Desde luego, si sale absuelto será un héroe; si sale condenado será un mártir. En cualquiera de los dos casos, un soldado del sanchismo. Por eso no le han permitido presentar la dimisión. Se dice que quiso presentarla o estudió presentarla y radicalmente se le prohibió. Bueno, bien. Cuando uno quiere dimitir, dimite, te prohíban o no te prohíban.

Pero la democracia es un régimen de opinión pública. Si esa opinión pública se rige por la arbitrariedad de la ley del embudo, entonces la democracia empieza a perder legitimidad. Y es lo que estamos viendo, es en lo que estamos. Si la ley y las normas, incluso las más elementales, normas de comportamiento democrático, no son iguales para todos, la gente tiene derecho a pensar que la democracia es un cuento donde únicamente prosperan los sinvergüenzas o los insensatos sin escrúpulos, como un día se definió a Pedro Sánchez. Lo definió Antonio Caño en El País y le costó el puesto de director de El País.

Pero bueno, hoy se sienta en el banquillo de los acusados, les digo, un fiscal general acusado de revelación de secretos. ¿De qué se le acusa? De haber filtrado a la prensa detalles de las negociaciones entre la fiscalía y el abogado del novio de Díaz Ayuso, que tenía un problema con Hacienda, un caso de fraude fiscal. La fiscalía y el abogado estaban negociando, como en tantos otros miles de casos, un acuerdo de conformidad para evitar el proceso, y el contenido de esa negociación, que debe ser secreto, se filtró a los medios.

A raíz de las denuncias del interesado y del mismísimo Colegio de Abogados de Madrid se instruyó el caso que hoy se juzga y, durante estos meses, el crédito de García Ortiz ha quedado literalmente triturado, porque se demostró su inexplicable implicación en un asunto que para él debía haber sido irrelevante. Irrelevante. Movilizó a la fiscalía como si fuera una cuestión de vida o muerte. Habló de ganar la batalla del relato. Dejó rastros de esa actividad, a pesar de que, como un vulgar delincuente, borró todos sus correos en cuanto hubo una investigación. Y la clave de todo esto está en entender que para negar un posible acuerdo de conformidad, tú lo que no puedes hacer es cometer un delito de revelación de secretos. Tú no puedes cometer un delito para desmentir una información, te pongas como te pongas.

Porque si aceptamos que un fiscal general del Estado pueda revelar los datos confidenciales que le dé la gana, de quién le dé la gana, pues nos quedamos todos indefensos ante un Estado sin derecho. Esto sería como dar carta libre al Gobierno para que usara los datos que tiene sobre nosotros para perjudicarnos cuando le parezca oportuno.

Le van a juzgar siete jueces de la Sala de lo Penal del Supremo durante 10 días. Testificarán subordinados: el teniente fiscal Diego Villafuerte, Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid, cuyo teléfono nos permitió conocer mejor los mensajes urgentes que recibió de Álvaro García Ortiz, Julián Salto, que era el fiscal que llevaba el caso del novio de Ayuso —le sacaron de un partido de fútbol para reclamarle toda la información del caso— y la fiscal superior de Madrid, que en todo momento se mostró contraria a las intenciones de Álvaro García Ortiz.

Y la, bueno, ya le digo, la justicia dirá. Puede que se sentencie la absolución, claro, pero es una afrenta a la propia institución y a todos los fiscales que la integran, que hoy se siente en el banquillo. Cualquier fiscal en la situación de García Ortiz habría sido suspendido, pero este permanece en el cargo abusando de su condición de fiscal general, y eso es otra arbitrariedad más.

Y hoy ya lo les digo, se espera que Carlos Mazón dimita. ¿Qué va a ocurrir en Valencia a partir de ahora? Porque puede ser una nueva investidura con otro candidato o directamente una convocatoria electoral. En la segunda se puede presentar quien quiera; en la primera, alguien que esté en las Cortes Valencianas.

Las opciones son, ¿quiénes? La alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Lo que pasa es que, en fin, vestir un santo para desnudar otro o al revés, tiene sus riesgos. Pérez Yorca, secretario del partido.

Y la opción de un adelanto electoral parece menos probable, y ahí entonces entraría Carlos Mompó, el presidente de la Diputación de Valencia. Bueno, un lío que lo iremos viendo a lo largo de la mañana.