Yolanda Díaz quiere obligar a las empresas con el nuevo estatuto a compensar gastos de manutención y de transporte a los becarios: "Hasta ahora no estaban obligadas"

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al nuevo Estatuto del Becario. Tal como se ha analizado en el programa La Linterna con Expósito, en el espacio de Clases de Economía junto al periodista Iván Alonso, la normativa busca regular las prácticas no laborales en las empresas. Entre las novedades más destacadas, se encuentra la obligación para las empresas de compensar los gastos de transporte y manutención de los estudiantes en prácticas, un coste que "hasta ahora no estaban obligadas" a asumir.

La nueva regulación, que todavía debe iniciar su trámite parlamentario como anteproyecto de ley, establece un recorte significativo en la duración de las prácticas no vinculadas a planes de estudios. Concretamente, el tiempo máximo se recorta a la mitad, pasando a ser de 480 horas. Esta medida pretende evitar el encadenamiento de periodos de prácticas que puedan enmascarar puestos de trabajo estructurales, una situación que puede llevar a la precariedad laboral como la vivida por jóvenes al incorporarse al mercado laboral: un problema que afecta a miles de jóvenes que empiezan su carrera.

La norma también contempla un refuerzo en el régimen de sanciones para aquellas empresas que incumplan lo establecido, luchando así contra la figura del 'falso becario'. Este cambio se suma a otras iniciativas recientes para mejorar las condiciones de los becarios, como la medida que permitirá a los antiguos becarios sumar hasta 5 años de cotización por sus prácticas no remuneradas.

Pacto con sindicatos, pero sin la patronal

El texto es el resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero, como ha sido habitual en las últimas negociaciones laborales, no cuenta con el respaldo de la patronal CEOE. La organización empresarial ha mostrado su desacuerdo con varias de las medidas incluidas en el estatuto desde el inicio de las conversaciones.

Además, el anteproyecto llega con un informe crítico del Consejo Económico y Social (CES), que advierte sobre la carencia de datos suficientes para medir el impacto económico real que tendrá la aplicación de la norma. Existe preocupación por cómo esta "asfixia normativa" puede afectar especialmente a las empresas más pequeñas, que son las que tienen menor capacidad para asumir un incremento de costes laborales.

El reto de la convalidación parlamentaria

A pesar de su aprobación en el Consejo de Ministros, el Gobierno no cuenta de momento con los apoyos necesarios para garantizar su convalidación en el Congreso de los Diputados. En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha interpelado directamente al principal partido de la oposición.

Díaz ha defendido la norma asegurando que con ella "el gobierno de España hace lo que tiene que hacer, hacemos el bien, el gobierno de España, en una España que es moderna y con derechos". Acto seguido, ha lanzado un mensaje directo al líder del PP: "Hoy este texto sale al Congreso de los Diputados, y yo me dirijo claramente al Partido Popular, y queremos ver si el señor Feijóo está del lado de la juventud de nuestro país o va a volver a golpearles en la cara".

Queremos ver si el señor Feijo está del lado de la juventud de nuestro país o va a volver a golpearles en la cara"