Tras conocerse que la Fiscalía de Madrid ha solicitado al juez que investiga el denominado caso "Neurona" que abra una nueva pieza separada para investigar el uso por parte de Irene Montero de una trabajadora del partido como niñera particular, el abogado penalista Víctor Sunkel ha analizado en 'TRECE al día' a qué delitos podría enfrentarse la ministra de Igualdad.

"Por la información que se tiene, parece que debería ser un delito de malversación de caudales públicos", asegura el abogado Sunkel, que explica que "es como una administración ilegal en el seno de una empresa, pero en este caso en la Administración pública. Alguien que administra nuestro patrimonio, porque el sueldo de los asesores sale del erario público, está siendo utilizado para un fin completamente distinto y se está administrando mal. Ese podría ser el delito que se podría imputar a Irene Montero y Pablo Iglesias".

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�� "Podría haber un delito de malversación de caudales públicos que se podría imputar a Irene Montero y Pablo Iglesias".

�� Víctor Sunkel, abogado penalista, analiza en #TRECEAlDía24F el uso como niñera de una asesora de Irene Montero pic.twitter.com/2dtjuX6228

— TRECE Al Día (@TRECEAlDia) February 24, 2021

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El abogado penalista ha descrito cuáles deberían ser los siguientes pasos del juez en la investigación de este caso: "Lo primero que tendrá que hacer será llamar a esta persona que ha estado trabajando para Irene Montero y Pablo Iglesias y ver qué cometido tenía y qué horario tenía. Si las tareas de niñera las hacía fuera del horario laboral como administrativa, no habría problema. Pero si lo hacía en su jornada laboral, estaríamos en ese supuesto de malversación de caudales públicos. Habrá que ver si en el ministerio hay testigos que viesen que tareas realizaba".

"Un delito de esta naturaleza es muy grave, con penas de prisión de dos a cuatro años"

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En cuanto a la defensa de la ministra que asegura que se trata de un tema personal, Víctor Sunkel se muestra contundente y aclara que "no es un tema de estricto ámbito personal desde el momento que una persona está recibiendo un salario público y esté destinando su tarea a otro cometido distinto, la cuestión se transforma en algo público y más en un delito de esta naturaleza que es muy grave, con penas de prisión de 2 a 4 años, también tiene asociada la inhabilitación política de 6 a 10 años, esto acaba con la carrera política del investigado. Es bueno que se investigue, pero deberían buscar una estrategia de defensa mejor Pablo Iglesias e Irene Montero".