Javier Aguado, sobre el vacío del del embalse de Ricobayo: "Es un delito medioambiental sin precedentes"

Javier Aguado, alcalde de San Cebrián de Castro, (Zamora), ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos cual es la situación actual del embalse de su localidad.

“Estamos enfadados porque en nuestro embalse regulador estamos acostumbrados a que baje en septiembre u octubre pero nunca nos ha bajado en medio mes de un 90% al 10% o 20%, esto es lo que nos ha ocurrido en el pantano que nos afecta a 19 ayuntamientos, es un delito medioambiental sin precedentes que afecta a 1.800 hectáreas dentro de Ricobayo”, asegura el alcalde. Aguado explica que “no ha llovido menos que otros años, lo que ha pasado es que hemos tenido en abril, mayo y junio el 90% del embalse lo que ha suscitado el precio de la luz que está a 120 euros/MWh, han desembalsado todo el agua por las turbinas que tiene y han dejado el pantano como un riachuelo”.

La causa de la extracción del agua, explica que ”es para la producción de energía al precio que tienen, ni han contado ni se han fijado en el impacto medioambiental, ni en la zona turística, han desembalsado por ser un embalse regulador”. Por otra parte, afirma que “hay muchos más pantanos aparte de este y la mayoría de ellos están al 70% y no digo que los bajen pero no nos puede tocar siempre a nosotros e Iberdrola se ha portado muy mal con nosotros desde siempre”.

Por su parte, Pedro Estremera, ingeniero de procesos industriales, explica que “cada concesión es particular y tiene unos requerimientos, las confederaciones hidrográficas deben vigilar, pero cada concesión tiene su pauta no es lo mismo una concesión para una zona sensible a nivel de medioambiente, que afecte a grandes núcleos de población o que no cumpla algunos de los requerimientos. Estas concesiones son de antaño, la mayoría de la época franquista, entonces aquellos requerimientos no tienen que ver con los de ahora de modo que ahora hay otros usos”.

Las concesiones que se otorgaron en tiempos franquista se han renovado en democracia, frente a ello, Pedro afirma que “están caducando, de hecho, hay cifras que en las que se refleja que desde el 2020 hasta el 2060 había 1.300 concesiones que caducaron y había que renovar, hay que investigar cómo se ha renovado la de Ricobayo y si la renovación ha sido efectiva en el sentido de si se han adaptado a las necesidades actuales. Los municipios ribereños como Ricoballos se ven afectados por una infraestructura y son perjudicados, deben tener parte del beneficio que otorga la infraestructura porque son municipios que ceden sus terrenos a infraestructuras que suponen riesgos, de modo que debe ser partícipe de los beneficios. Por otra parte, actualmente esto lo están explotando empresas privadas y éstas pagan impuestos que revierten en el municipios y este impuesto es el IBI, hay también un impuesto de actividades económicas que también se paga en el municipio, una vez que revierten en el Estado, el Estado no está sujeto a pagar estos impuestos al municipio con lo cual ya no solo son perjudicados por tener la infraestructura sino que no van a recibir estos impuestos”.