Un juez, sobre el fiscal general: "Su conducta solo la he visto en delincuentes, esto huele fatal"
El magistrado Jesús Manuel Villegas ha lanzado duras advertencias sobre el proceso judicial contra el fiscal general del Estado, denunciando un vacío legal y alertando de que se están vulnerando principios básicos del Estado de Derecho

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El magistrado y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, Jesús Manuel Villegas, ha advertido en El Cascabel de la gravedad jurídica y procesal que rodea el juicio al fiscal general del Estado. A su juicio, el proceso está marcado por un “vacío legal escandaloso” y por circunstancias que comprometen la esencia misma del Estado de Derecho.
Un subordinado acusando a su jefe: un juicio “sin garantías”
Villegas explicó que el caso se encuentra en un “atolladero legal” nunca antes previsto por el legislador. Recordó que, si se tratara de un fiscal ordinario, su acusación supondría automáticamente la suspensión de sus funciones. Sin embargo, en este escenario el fiscal general del Estado sigue en el cargo, pese a que quien debe acusarle es un subordinado directo.
“¿Cómo sabemos que la persona que va a acusar al fiscal del Estado no está recibiendo bajo cuerda órdenes o instrucciones? ¿O simplemente no siente la presión institucional de tener que estar acusando a su jefe?”, cuestionó el magistrado. Para él, la situación es tan grave que podría derivar en un proceso susceptible de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional o incluso ante instancias europeas.
El magistrado calificó este escenario como “sencillamente escandaloso”, subrayando que no se trata de una valoración política, sino de un problema jurídico de primer orden: “Se están torsionando y retorciendo los principios elementales de un proceso justo”.
La fianza y la imposibilidad de suspenderle del cargo
El presentador, José Luis Pérez, recordó que el juez instructor impuso al fiscal general una fianza de 150.000 euros, cifra que el entorno del acusado ha calificado de “sorprendente”. Villegas interpretó esa decisión como un “termómetro de la gravedad de los hechos”, aunque restó importancia a su ejecución práctica: “De alguna manera u otra, constituirá la fianza y solventará ese trámite. Pero es una muestra clara de la seriedad del caso”.
Respecto a la posibilidad de suspender al fiscal general de sus funciones, Villegas fue tajante: “El instructor no puede hacerlo, no tiene facultades para ello”. Sin embargo, advirtió que la falta de previsión legal puede generar “vicios procesales” que afecten a la validez futura de la causa.
Lo que sí consideró incomprensible fue la permanencia en el cargo del fiscal general, pese al descrédito institucional que, en su opinión, genera: “Desde un punto de vista personal, humano y profesional, es inaudito cómo podemos confiar en ese señor. Se están violando todos los principios del Estado de Derecho”.
“Borrar pruebas es una conducta de criminales”
Otro de los puntos más controvertidos abordados en la entrevista fue la decisión del fiscal general de borrar los mensajes de su teléfono móvil antes de entregarlo a la justicia. Preguntado al respecto, Villegas no dejó lugar a dudas: “Eso es un comportamiento de culpables, de delincuentes. Por supuesto tiene derecho a hacerlo, estamos en un Estado garantista. Pero desde el sentido común, borrar pruebas es una conducta de criminales”.
El magistrado contrastó esa actitud con lo que, según su experiencia, hacen los inocentes: “Los reos que no tienen nada que ocultar ponen toda la información sobre la mesa y la entregan a los jueces. El hecho de destruir fuentes probatorias solo lo he visto en criminales”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
En cuanto al silencio procesal del fiscal general, Villegas matizó que no declarar no equivale a reconocer culpa, aunque sí tiene efectos negativos: “Si no rebates las acusaciones, eso repercute en tu contra”. Aun así, insistió en que la gravedad reside no tanto en guardar silencio, sino en la destrucción de posibles pruebas incriminatorias.
Con declaraciones tan contundentes, Jesús Manuel Villegas retrató un escenario judicial que, según dijo, pone en riesgo la confianza ciudadana en el Estado de Derecho y en los propios principios que deben regir un juicio justo.