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Javier Gómez de Liaño afirma que "nunca" ha visto un fiscal recurrir la admisión a trámite de una denuncia

El abogado analiza la vertiente jurídica de la condición de investigada de Begoña Gómez, la mujer del presidente

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 01 jun 2024

"Nunca he visto que un representante del Ministerio Fiscal haya recurrido un auto de admisión a trámite de una denuncia". Es la afirmación que ha realizado el abogado Javier Gómez de Liaño en 'El Cascabel' de TRECE, a raíz de que la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar a Begoña Gomez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según ha explicado el abogado en TRECE, "la decisión del juez estuvo caracterizada por la prudencia. Cuando recibe la denuncia, cumple escrupulosamente la ley de enjuiciamiento criminal, al informar en cuanto pudo a Begoña Gómez. No necesariamente tiene que ser llamada a declarar al ser investigada". "Las sospechas son verosímiles. Ya se han concertado citas para declarar. A partir de entonces, se decidirá si la señora Begoña Gómez es también llamada a declarar", ha añadido Gómez de Liaño.

El tribunal, conformado por los magistrados María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Bergués, ha considerado en cambio que el instructor no debió decretar el secreto de las actuaciones. En todo caso, Peinado ya levantó el secreto de sumario tras filtrarse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.




Ambas decisiones de la Audiencia Provincial vienen recogidas en un auto dictado este mismo miércoles en respuesta a la Fiscalía, que tras la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid presentó un recurso de apelación al considerar que no había indicios suficientes para investigar a Gómez. La causa contra la esposa de Pedro Sánchez se abrió el 16 de abril a raíz de una querella de la organización Manos Limpias, dirigida por el ultraderechista Miguel Bernad.

Tras conocer la incoación de diligencias, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó un recurso contra la decisión. El primer argumento del Ministerio Público señalaba que "no toda denuncia o querella lleva inherente la incoación automática de una causa penal, sin que ello suponga lesión del derecho a tutela judicial efectiva". En este sentido, el recurso se remite a una circular de la Fiscalía General del Estado que subraya la necesidad de evitar "las diligencias de investigación que resulten prospectivas o instrumentalizadas por terceros con fines espurios".



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