Borja Adsuara, abogado y experto en derecho digital: "Estamos yendo en una deriva muy peligrosa si el Gobierno decide qué es odio y qué no lo es"

La nueva herramienta para monitorizar el discurso de odio en redes sociales anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha generado un intenso debate. En el programa 'El Cascabel' de TRECE, el abogado y experto en derecho digital, Borja Adsuara, y el ingeniero informático, Javier Naranjo, han analizado la propuesta y han coincidido en señalar los graves riesgos que implica, apuntando a que podría ser un instrumento para limitar la libertad de expresión más que una necesidad real.

¿Delito o libertad de expresión?

Los expertos han subrayado que el Código Penal ya actúa contra estas conductas. Adsuara ha recordado que una cosa son los mensajes odiosos y otra muy distinta los delitos de odio, tipificados en el artículo 510 del Código Penal. "Para que sea un delito de odio no basta con odiar a alguien. Odiar a Pedro Sánchez o a Feijóo no es un delito, ni sentirlo ni expresarlo", ha explicado.

El límite legal se traspasa, según ha detallado el jurista, cuando se incita "públicamente a la discriminación, hostilidad o violencia contra un grupo determinado", habitualmente colectivos vulnerables. Todo lo que no cruza esa línea, por muy hiriente u ofensivo que pueda parecer, está amparado por la libertad de expresión garantizada en la Constitución. Por ello, defiende que la potestad para dirimir qué es legal o ilegal debe recaer exclusivamente en la justicia.

Una "idea encerrada en una fórmula"

Desde una perspectiva técnica, Javier Naranjo ha puesto el foco en la naturaleza de la propia herramienta. Ha advertido de la opacidad que rodeará a la plataforma: "Si no hacen público el código, ¿cómo podemos ver [...] cómo han definido los parámetros de odio?". Para el ingeniero informático, la clave está en quién y con qué intención se programa el sistema.

Naranjo también ha destacado una gran contradicción en el plan del Ejecutivo. Sánchez ha criticado duramente a X (antes Twitter) desde la llegada de Elon Musk, pero el Gobierno deberá pagar una licencia a esta misma red social para que una empresa contratada pueda acceder a los tuits y analizarlos. "O sea, el gobierno va a contratar una empresa para que esta controle el discurso de Twitter pagando la licencia para que estos lean los tuits", ha ironizado.

Creación de perfiles y censura

Ambos invitados han alertado sobre el peligroso precedente que sienta que un gobierno decida qué es odio. Adsuara ha recordado el caso de Estados Unidos, donde la administración Biden "dio instrucciones a las redes sociales para que censuraran" y, ahora, con la posible vuelta de Trump, las plataformas cambian de criterio. "Yo defiendo que ningún gobierno tenga una herramienta para decidir lo que es odio", ha sentenciado el abogado.

Adsuara también ha planteado serias dudas sobre el tratamiento de datos personales. Se ha preguntado si se ha realizado una evaluación de impacto o consultado a la Agencia de Protección de Datos, pasos obligatorios para un tratamiento de datos de este tipo. "En cuanto empieces a recopilar mensajes y a elaborar perfiles y a monitorizar la gente que tú crees que hace un discurso de odio, pues estamos hablando de cosas muy serias", ha advertido.

Los contertulios han señalado el riesgo de generar una espiral del silencio donde no se pueda opinar sobre ciertos temas, como la ley trans, por miedo a ser señalado. Como ejemplo de la banalización del concepto de odio, se ha mencionado un informe del Ministerio de Igualdad que analizaba el uso del término "Charo" como "cultura de odio y herramienta de la misoginia".

Finalmente, Borja Adsuara ha lanzado una última advertencia sobre las sanciones administrativas. Ha explicado que, aunque una opinión no sea delito, leyes como la ley trans prevén "sanciones de hasta 40.000 euros por lo que llaman incidentes de odio". La decisión, además, recaería en un cargo político, como la directora general de diversidad sexual, y no en un juez, lo que supone un riesgo para la tutela judicial efectiva.