Sánchez reactiva su plan anticorrupción cercado por nuevas sospechas sobre su entorno

El Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de ley de integridad pública, un plan contra la corrupción anunciado hace siete meses. La medida llega en un momento delicado para el ejecutivo, salpicado por nuevas informaciones sobre una presunta trama de influencias que afecta a la mujer del presidente y un entramado fiscal vinculado a su amigo íntimo y adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón. Todo ello mientras Pedro Sánchez viaja a la India, ausentándose de una sesión de control, la de este miércoles, que se prevé tensa.

Nuevas sospechas sobre el entorno de Sánchez

Nuevas informaciones periodísticas informan de que Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, habrían participado en una trama de influencias entre la Organización Mundial del Turismo Europa y República Dominicana. Dicha información proviene de mensajes de WhatsApp interceptados por la Guardia Civil en el teléfono de Koldo García.

A esta información se suma la publicada por El Confidencial, que señala a Borja Cabezón, amigo íntimo del presidente y adjunto a la secretaría de Organización del PSOE. Según este diario, Cabezón está relacionado con un entramado mercantil en Costa Rica diseñado presuntamente para eludir impuestos, aportando documentos de la Agencia Tributaria que así lo indicarían.

Moncloa rescata el plan de integridad

Como respuesta a este clima, el Ejecutivo recupera el plan de regeneración que el propio Pedro Sánchez anunció el pasado verano. El gobierno intenta así, según fuentes, convertir un problema propio en una cuestión de toda la sociedad. El paquete, que incluye 84 medidas, deberá superar ahora los informes preceptivos antes de volver al Consejo de Ministros y empezar su tramitación parlamentaria. El objetivo, según la vicepresidenta María Jesús Montero, es que quede aprobada "durante la legislatura que, como saben, durará hasta mediados del 27".

Entre las claves del anteproyecto se encuentra el aumento de 5 a 7 años del plazo de prescripción para los delitos de corrupción. También se contempla un endurecimiento del control de donaciones a partidos políticos y sus fundaciones, así como la creación de 'listas negras' y más castigos para empresas condenadas que quieran contratar o recibir subvenciones públicas.

Defensa y distancia con Borja Cabezón

En este contexto, la vicepresidenta primera ha evitado un respaldo directo a Borja Cabezón, a quien se ha referido como "esa persona", y se ha remitido a sus propias explicaciones. Montero ha asegurado que "esta persona ni está investigada, no tiene ningún tipo de cuenta pendiente en el ejercicio de su actividad privada. Durante un período de hace más de 10 años, la propia persona aclara algunos de los elementos que se plantean y poco más hay que decir de esta materia".

Pese al cargo de Cabezón como adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, pocos han salido en su defensa dentro del partido. Quien sí lo ha hecho ha sido el expresidente Felipe González, quien ha recordado su estrecha relación con él "desde que era un crío" y ha advertido que él "nunca deja tirado a quien es amigo suyo".