Máxima preocupación de las organizaciones sociales por los solicitantes de asilo: en un limbo legal

El Gobierno ha decidido reactivar la iniciativa legislativa popular para hacer una regularización extraordinaria de los migrantes que entraron en España antes del 31 de diciembre del 2024. Lo ha hecho unas horas antes de la entrada en vigor del Reglamento de extranjería, que pone en una situación complicada a 240 mil solicitantes de asilo. Más de un año llevaba parada la tramitación de esta ILP respaldada por seiscientas mil personas y 900 organizaciones sociales.

Los solicitantes de asilo no podrán contabilizar el tiempo que llevan en España para conseguir la regularización por arraigo en el caso de que les sea denegado el estatus de refugiado. Así lo recoge el reglamento de la Ley de extranjería que hoy entra en vigor. Eso les coloca nuevamente en la ilegalidad. La ley española les otorga un permiso especial de trabajo a los seis meses de la solicitud de asilo mientras se resuelve su situación administrativa. Era la vía más eficaz para conseguir papeles para poder trabajar “que es su única obsesión” nos cuenta Jorge Serrano, representante del partido Por un Mundo más Justo, director de la Fundación Ciudadanía Global, y coordinador de la Iniciativa Legislativa Popular que ahora el gobierno quiere reactivar para tapar en mayor o menos medida el doloroso agujero que el reglamento ha abierto en la vida de los solicitantes de asilo y que deja a 240.000 personas en el punto de inicio nuevamente.

 DEMASIADAS PETICIONES  

Y ¿por qué esta decisión? “ Desde Europa se ha visto que aquí el número de solicitantes de asilo es enorme-señala Serrano-el número de personas que están recibiendo ese permiso provisional de trabajo es enorme. Evidentemente, aquí se está produciendo como una deriva de un montón de personas migrantes que están intentando acceder por la vía del asilo, cuando realmente lo que tendrían que hacer es acceder por algún otro mecanismo. Entonces, para intentar arreglar ese problema, el Gobierno dice que las personas que estén en el proceso de solicitud de asilo, si salen denegado, todo ese tiempo que han estado, no sirve ni cuenta para el otro procedimiento, que es el del arraigo”. Solo el año pasado, solicitaron asilo en España 164.000 personas.

Pero para arreglar esto, el reglamento ha provocado uno muchísimo mayor “porque ahora ¿quién se va a meter en hacer una solicitud de asilo? Si por lo que sea y porque así lo ve el Estado, cuando a lo mejor él considera que tenía base para solicitarlo, se lo deniegan, tiene que empezar de cero y todo el tiempo que está en España no le cuenta. Por lo tanto, al final, quedan completamente desprotegidos y esa vía no la van a utilizar”. Esta vía centrada en los derechos fundamentales de las personas”. Las organizaciones sociales han presionado al punto de que el gobierno lo arregle. Y de ahí, la decisión de reactivar la Iniciativa Legislativa Popular. Están a punto de convocar la subcomisión de migraciones para trabajar en esta dirección.

Según nos ha contado Serrano, el gobierno introduce dos enmiendas: que se hará una regularización extraordinaria de todos los migrantes que hayan entrado en España antes del uno de enero de este año, y que tras la aprobación de la ILP, regularán los detalles en un decreto ley.

 PROMESA DEL EJECUTIVO  

El reglamento tiene cosas buenas: reduce de tres a dos años el tiempo necesario para conseguir la regularización por arraigo, pero la cuestión de los solicitantes de asilo ha despertado las alarmas de las organizaciones sociales y también de las empresariales que también “están presionando fuertemente al Gobierno para que se produzca esa regularización-asegura el coordinador de la ILP- Se necesitan personas para trabajar en un montón de sectores donde no hay personas dispuestas a trabajar. Estamos hablando del sector de la construcción, el sector de la agricultura, el sector de la restauración, el sector del servicio doméstico, etcétera. Y las personas que están trabajando, muchas de ellas están haciéndolo en situación irregular, sin cotizar en IRPF, sin cotizar en la Seguridad Social, sin ninguna norma de regulación del mercado laboral, sin derecho a vacaciones, sin derecho a pagas, etcétera, sin derecho a indemnización en caso de despido, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no ayuda en absoluto al país y en absoluto está en favor de la dignidad de estas personas que están trabajando”.

El gobierno prometió hacer algo para mejorar su situación y por eso, ha echado mano del anteproyecto de ley aprobado por toda la cámara a excepción de Vox, y que dormía en un cajón desde hace más de un año y cuya tramitación se frustró. “Llega un momento-recuerda Serrano- en que las negociaciones en torno a esa ILP se interrumpen bruscamente como consecuencia de una negociación, que parece que se está dando, entre el PSOE y Junts para la cesión de competencias en materia de migración. Entonces, el Partido Popular se levanta a la mesa y dice que, mientras ustedes estén negociando la cesión de competencias en materia de migraciones a Cataluña, nosotros no podemos hablar de la ILP para la regularización”.

Paralelamente, y por la presión de las organizaciones promotoras de la ILP el gobierno saca un real decreto ley con el nuevo reglamento de Extranjería. Bueno en algunos aspectos y malo, para los solicitantes de asilo.

Ahora el ejecutivo pretende arreglar el problema que ha generado reactivando la iniciativa. Serrano ha ensalzado el papel de la Iglesia en todo el proceso “la Iglesia Católica-asegura-ha tenido aquí un papel absolutamente extraordinario a la hora de ir intentando generar consenso. Y aquí pueden tener también un papel muy relevante a la hora de intentar conseguir ese entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y nosotros estamos esperanzados de que es posible”.

 ¿RESOLVERÁ REALMENTE LA SIUACIÓN DE LOS SOLICITNATES DE ASILO?  

Desde el Servicio Jesuita para los Migrantes tienen sus dudas. El abogado Javier Moreno explica que “Al tener un estatus distinto por el carácter de refugiado, ¿seguirían en el mismo limbo que tienen ahora mismo? Esa es la preocupación, precisamente. Si a día de hoy el criterio que está teniendo el ministerio para personas solicitantes de asilo es excluirles directamente de cualquier posibilidad de arraigo, creo que es sensato preguntarse si esa regularización va a ser esa distinción y si les va a excluir también a las personas solicitantes de protección internacional de ese posible acceso. Habrá que ver el detalle. A día de hoy es el criterio que mantienen respecto al arraigo. La pregunta es qué criterio van a tener respecto a solicitantes de protección internacional frente a un actual proceso de regularización, como es el que se está anunciando”.

 RENUNCIAS AL ASILO  

Otra de las dudas del servicio Jesuita es cómo van a resarcir a los solicitantes de asilo que ya se han visto perjudicados por el reglamento. Hace menos de una semana la administración envió las instrucciones y en ellas se les permite desistir. Esto ha hecho que muchos de ellos estén intentando renunciar a su estatus por lo que revertir esta situación va a suponer “un trabajo bastante desafiante para el ministerio poder, de alguna manera, intentar mitigar los daños que ya, ojo¡, hay que recordar que tienen a día de hoy la cantidad de personas que tienen motivos para solicitar protección internacional y que están pagando a personas para desistir de su protección por la falta precisamente de información clara ya existe. Es decir, que ya existen impactos por lo que han regulado”. 

En opinión del abogado del servicio Jesuita la administración tendrá que contar con la opinión de las organizaciones sociales para arreglar este desaguisado, esta permanente confusión en la toma de decisiones que se ha hecho “de una manera un poco improvisada, es decir, y no lo digo yo, a cuatro, cinco, seis días de la entrada en vigor que se publican unas instrucciones para aclarar otra vez criterios, la verdad es que dejaba bastante que desear. Y esto teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas de las que estamos hablando. Es decir, que si ya está cortando a los propios profesionales de extranjería saber qué es, lo que quieren decir estas instrucciones, para la gente común y corriente, está siendo de una falta de acceso y claridad para poder saber qué derechos tienen, que la verdad es que es impresionante y, como decía hace muy poco, el impacto que está teniendo en sus vidas es tremendo”.

 LAS CONSECUNCIAS  

Muchas personas con derecho a asilo están evitando solicitarlo, otras, están renunciando, porque si se lo deniegan “van a pasar de nuevo a la irregularidad total, es decir, sus trabajos, sus vidas van a estar otra vez en la cuerda floja en nuestro país. Justamente, es decir, no solamente van a ser personas de todo tipo, hay que recordar que hay familias, hay menores, hay mujeres, muchas veces de ellas, que constituyen un hogar monoparental. No se han tenido en cuenta los perfiles de personas que están sufriendo, a día de hoy, esta falta de orden, de regularización, de coherencia con el sistema legal. Por tanto, la verdad es que nos preocupa y eso es lo que queremos manifestar, que nos preocupa de lo que hay y nos preocupa de lo que vendrá”, insiste Javier Moreno.