Solo durante los 9 primeros meses de 2020, hubo 18.138 desahucios en nuestro país. Son datos del Consejo General del Poder Judicial.

Es cierto que con el confinamiento, la imposibilidad y la paralización de los trámites durante el estado de alarma, los desalojos bajaron un 55% respecto a 2019, pero los datos siguen siendo dramáticos porque detrás de cada desahucio, hay una familia.

Después de la crisis económica de 2008, las principales ejecuciones eran por impago de hipotecas, pero la tendencia ha cambiado y ha aumentado el desahucio de viviendas en alquiler. En el segundo trimestre de 2020, supusieron el 73,2%, es decir: 7 de cada 10 desalojados son por impago a su arrendatario.

Puede que tú o alguien cercano se encuentre en estos casos límite y te estés haciendo preguntas como: ¿Me pueden desahuciar durante el Estado de Alarma que está vigente hasta el 9 de mayo? La respuesta es no.

Tanto si la vulnerabilidad es consecuencia de la COVID-19 como si lo fuera por una causa anterior. Y es que el Gobierno reguló determinadas protecciones a aquellos colectivos que por su vulnerabilidad puedan ser objeto de desahucio.

Sin embargo, sigue habiendo casos como el de Javier y Naiara. Tienen un bar en Vitoria, al que sumaron un nuevo restaurante un mes antes del confinamiento de marzo. De pronto, pasaron a no tener casi ingresos y no pudieron asumir el alquiler de su vivienda. Tienen tres hijos y han tenido que abandonar la casa en la que estaban de alquiler.

Javier ha contado en Mediodía COPE que en su caso han tenido que irse a casa de un amigo que les ha dejado la casa de su abuelo para vivir. Su casera era magistrada y recurrió a la vía judicial. Los trámites para demostrar la vulnerabilidad económica de esta familia se fueron complicando y finalmente no han podido seguir viviendo en la casa donde estaban alquilados.