Un ex político español denuncia que: "El Gobierno utiliza a la Iglesia como chivo expiatorio"

Josep Miró i Ardevol, político español y fundador de E-Cristians, ha afirmado que la Iglesia está siendo utilizada como un "chivo expiatorio" por parte del Gobierno en el debate sobre los abusos sexuales en España. Según datos de la Fundación ANAR, los abusos a menores en el seno de la Iglesia representan el 0,2% del total de los casos, lo que provoca que se esté dejando fuera a "más del 99 por 100 de las víctimas y agresores en España".

La desproporción de las cifras

Miró i Ardevol, autor del libro 'La pederastia en la iglesia y en la sociedad, el gran chivo expiatorio', destaca la gran diferencia en los datos. "Por cada abuso en la iglesia, hay 18 cometidos por maestros y 72 por amigos o miembros de la familia", señala basándose en el estudio de ANAR. Apunta, además, que el informe del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual en 2024 registró 14.375 detenidos o investigados, mientras que los casos vinculados a la Iglesia en ese periodo fueron "uno o dos".

Una "anomalía" constitucional

El fundador de E-Cristians sostiene que "el Gobierno utiliza la Iglesia como chivo expiatorio". Argumenta que España es el único país donde el Congreso de los Diputados ha encargado una investigación sobre abusos centrada exclusivamente en personas "vinculadas a la Iglesia católica". A su juicio, esto es una anomalía que "es contrario a la propia constitución", ya que busca "criminalizar a un grupo".

Críticas al acuerdo con el Gobierno

Respecto al reciente acuerdo entre la Iglesia y el Ejecutivo para reparar a las víctimas, Miró i Ardevol se muestra muy crítico. Lo considera "francamente un despropósito" porque, en su opinión, la Iglesia "ya venía reparando a las víctimas" y este pacto "le otorga carnaza al Gobierno para que siga utilizando a la Iglesia como chivo expiatorio".

Además, añade que este tipo de pactos por la vía civil contribuyen a "desvirtuar la función del defensor del pueblo", cuya labor no es mediar en indemnizaciones entre privados, sino defender a los ciudadanos frente a las administraciones.