El máximo órgano de gobierno de los jueces en España lleva tres años pendiente de renovación y con las negociaciones encalladas entre los dos principales partidos, PP y PSOE

Básicamente, el PSOE no quiere cambiar el modelo. Insiste en que los jueces deben ser elegidos por vía del Congreso y del Senado de una terna de candidatos propuesta por la judicatura. El PP por su parte, propone cambiar el modelo, y que sean directamente los jueces quienes elijan a sus representantes. En esta foto fija llevamos ya varios años, con las funciones del máximo órgano judicial limitadas. Por extensión, es algo que se extiende a todo el sistema judicial y que acaba afectando en ultima instancia a quienes son usuarios de la justicia en cualquier país. Los ciudadanos.

Tal y como se esperaba, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, se ha referido a este bloqueo. Lesmes ha reclamado un acuerdo urgente entre las fuerzas políticas porque esta situación de “anormal prolongación” en el mandato de los jueces afecta a toda la sociedad. Además, se ha lamentado de que los llamamientos para acabar con esta anomalía hayan caído en saco roto.

Desde luego normal, no es. Alguien debería de hacérselo mirar.

El aroma político en la elección de jueces es algo que siempre ha estado presente en nuestra democracia reciente. No hemos acabado nunca de desprendernos de esa fragancia de influencia política que empieza a percibirse como rancia. Quizás sea el momento de cambiar y darle frescura...

En este sentido, no ha pasado desapercibido que haya sido la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, la que haya hablado de los peligros que acechan a la justicia y haya pedido evitar que se convierta en campo de batalla político.

Nada que objetar si no fuera porque esto lo dice una fiscal General nombrada tras abandonar la silla de Moncloa donde era ministra de justicia. Una circunstancia sobre la que resolverá el Supremo el próximo mes de octubre y que puede costarle el puesto como Fiscal General si se decide que su nombramiento fue no apto.

Por cierto, al margen de las cuestiones políticas y mirando puramente lo que afecta al ciudadano hay varios datos para la reflexión. Se ha disparado un 55% el acoso a los menores de edad durante la pandemia o que han aumentado un 26 % los ciberdelitos y un 30 % las amenazas y coacciones a través de las redes sociales.