Ángela Martialay, periodista de Tribunales, sobre el posible indulto a Álvaro García Ortiz: "Si uno emite un informe en contra, el Gobierno no puede conceder el indulto"

Una de las preguntas que surgen tras el fallo del Supremo que condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos es si el Gobierno le podría conceder un indulto. Cuestión que Pilar García Muñiz le ha trasladado a la colaboradora de COPE y experta en Tribunales, Ángela Martialay.

La respuesta corta y rápida es que no, que Álvaro Ortiz lo tiene difícil para librarse de la pena de inhabilitación de 2 años y la multa de 7.600 euros. Aunque el fiscal general podría acogerse a algún mínimo resquicio.

Un veredicto dividido   

La sentencia señala que García Ortiz, en el ejercicio de su función, habría filtrado información reservada relativa a un correo confidencial enviado por el abogado de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. 

Para los cinco magistrados que apoyaron la condena, se demuestra con claridad una violación del deber de secreto inherente a su cargo. En cambio, dos magistradas discrepantes —según fuentes del tribunal— sostuvieron argumentos más favorables a la defensa, lo que ha llevado a un voto particular que será incorporado en la versión escrita de la sentencia.

Por qué se conoció el fallo antes que la sentencia  

Curiosamente, el Supremo adelantó el fallo mediante una providencia dirigida a las partes, aunque la sentencia aún no ha sido redactada ni firmada formalmente. La notificación del fallo anticipado ya surte efectos en cuanto a la condena, pero la redacción definitiva demorará algunos días. Este mecanismo, aunque poco habitual en casos mediáticos, se utiliza para comunicar con urgencia una decisión que afecta a una figura institucional de primer orden.

García Ortiz condenado a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos

¿Es indultable este delito?  

En cuanto a si García Ortiz podría recibir un indulto por esta condena, la situación jurídica es compleja. El delito de revelación de secretos figura en el Código Penal, y las penas previstas —como la inhabilitación especial y las multas— son susceptibles en teoría de indulto. Sin embargo, los indultos dependen de una decisión discrecional del Gobierno, que debe valorar, entre otros factores, la gravedad del delito, la conducta del condenado y el interés público. 

Además, un indulto no borra los antecedentes ni cambia los hechos, sino que puede atenuar la pena ejecutable. También cabe un análisis político: indultar a un fiscal general condenado podría generar un fuerte debate sobre la rendición de cuentas y la independencia institucional.

Reacciones y consecuencias institucionales  

Tras conocerse la condena, diversas acusaciones populares —como colegios profesionales y asociaciones de fiscales— han celebrado la resolución, afirmando que “nadie está por encima de la ley”. Para muchos, la decisión refuerza la idea de que incluso los más altos cargos deben responder penalmente por abusos de poder.

El Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte: sigue en directo las reacciones a la condena al fiscal general del Estado

García Ortiz, por su parte, ha defendido su inocencia y se prepara para agotar todas las vías legales: contemplan un incidente de nulidad y, si no prospera, podrían acudir al Tribunal Constitucional por presunta vulneración de derechos fundamentales. Asimismo, podría llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si considera que se han vulnerado garantías procesales.

El trasfondo legal del delito  

Legalmente, el delito de revelación de secretos al que ha sido condenado está tipificado cuando un funcionario o autoridad difunde información reservada a la que ha accedido por razón de su cargo. Las sanciones varían según el grado del delito, pero en su forma básica ya prevén inhabilitación y multa, y en su modalidad agravada incluso pueden implicar prisión. En este caso, el tribunal optó por una pena moderada, centrándose en la inhabilitación y no en la prisión, lo que ha llevado a algunos juristas a interpretarlo como un castigo simbólico más que punitivo.

Un precedente sin precedentes  

Este juicio marca un hito en la historia de la justicia española: es la primera vez que un Fiscal General del Estado es condenado por revelación de secretos mientras ocupa su cargo. La condena no solo pone en cuestión la actuación personal de García Ortiz, sino que también provoca una reflexión profunda sobre la rendición de cuentas institucional y los límites del poder en puestos clave del Estado.