Puigdemont se apoya en la UE y pide al Constitucional que anule su orden de detención en España

La defensa del expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la suspensión inmediata de la orden de detención nacional que sigue pesando sobre él. Este movimiento estratégico se fundamenta en las recientes conclusiones emitidas por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que la defensa considera un aval clave para su petición. El equipo legal de Puigdemont busca que la medida cautelar, dictada en su día por el magistrado instructor del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quede sin efecto hasta que el TC resuelva definitivamente el recurso de amparo que admitió a trámite el pasado 7 de octubre.

Una suspensión "jurídicamente obligada"

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado Gonzalo Boye argumenta con contundencia que la paralización de la orden de arresto es una acción indispensable para proteger los derechos de su defendido. Según expone, "la suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente". La defensa insiste en que los perjuicios derivados de mantener activa la orden de detención no son una mera suposición o "hipotéticos", sino una realidad tangible que afecta directamente a Puigdemont.

La suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada"

Defensa de Puigdemont

El escrito recalca que, "durante años", el expresidente catalán "ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional por órdenes de detención cuya validez ha sido jurídicamente desactivada por la ley orgánica de amnistía". Esta desactivación, según la defensa, ha sido confirmada tanto por el propio Tribunal Constitucional como por el "estándar europeo" vigente. De este modo, se argumenta que la persistencia de la orden de detención entra en contradicción directa con el nuevo marco legal creado por la ley de amnistía, una norma que busca precisamente superar las consecuencias judiciales del ‘procés’.

La ley de amnistía y el aval europeo

El pilar central de la nueva argumentación de la defensa es la dimensión europea del caso. El escrito subraya que a la "premisa interna" de la amnistía "se añade la dimensión europea, incorporada por las Conclusiones del Abogado General del TJUE, que afirman con rotundidad que la ley de amnistía es plenamente compatible con el Derecho de la Unión". Esta afirmación del alto funcionario europeo es utilizada como un respaldo decisivo para demostrar que no existen impedimentos a nivel comunitario para la aplicación completa de la ley y, por ende, para el levantamiento de las medidas cautelares que afectan a Puigdemont.

Por todo ello, el equipo legal de Puigdemont insiste en que mantener la orden de detención nacional en el contexto actual "supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario". Este mantenimiento, concluye la defensa, sería "incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase" del proceso judicial. La petición busca así alinear la situación procesal del expresidente con lo que consideran un nuevo escenario jurídico validado tanto por la legislación española como por las directrices europeas más recientes.

Mantener la orden de detención nacional en su contra en este contexto supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario"

Defensa de Puigdemont

El contexto de la decisión del TJUE

La ofensiva legal de Puigdemont se produce poco después de que, el pasado 13 de noviembre, el abogado general del TJUE Dean Spielmann  hiciera públicas sus conclusiones sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal Supremo en relación con la ley de amnistía. Aunque su dictamen no es vinculante para el tribunal, suele orientar la sentencia final. 

En su análisis, el abogado general descartó que la ley pueda considerarse una "autoamnistía" que vulnere los principios del Estado de derecho y aseguró que no colisiona con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo ni afecta a los intereses financieros de la Unión. No obstante, sí apuntó que algunas de sus disposiciones, especialmente en lo relativo al delito de malversación, podrían ser incompatibles con el derecho comunitario si impiden una sanción efectiva, un matiz que el TJUE deberá aclarar en su fallo definitivo.