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Van dos avisos. Dos avisos desde Bruselas, desde la Unión Europea. El primero se produjo en octubre, y Sánchez e Iglesias dicidieron frenar su reforma para poder renovar el CGPJ con una mayoría que nos les obligase pactar con el PP. En octubre llegó el primer aviso, ojito con no respetar la división de poderes, ojito con no respetar el estado de derecho. No ha habido acuerdo con el PP para esa renovación por más que el ministro de justicia, el ministro Campo, lo dio por hecho. El Gobierno puso de nuevo en marcha sus planes y en diciembre la Comisión Europea dio el segundo aviso.

Bruselas aseguró en diciembre que cualquier cambio deber realizarse tras “las consultas necesarias”, con “todos los actores relevantes”, lo que incluye los partidos de la oposición. Actores relevantes son los propios jueces. Pero el Gobierno de Sánchez e Iglesias, a pesar de los dos avisos, decide dar un acelerón.

Dice Iglesias que ya no pueden aguantar más.

Y el miércoles pasado en la mesa del Congreso, en la que tienen mayoría los socios del Gobierno y los socios parlamentarios, en contra de las recomendaciones de Bruselas se decide tramitar por la vía urgente la reforma del CGPJ. Sin escuchar al propio CGPJ.

Y hoy ha sido el propio CGPJ, una mayoría de 16 vocales, entre los que están varios de los vocales progresistas, los que han aprobado un informe y ha pedido al Congreso de los Diputados que no atente contra el estdo de derecho y que escuche a los jueces.

Uno, que el Gobierno no es repetuoso con la división de poderes.

Dos, que en medio de una pandemia brutal el Gobierno de Iglesias-Sánchez, que no asume la gestión, considera urgente tomar el control del nombramiento de los jueces.

Tres, que como dicen los italianos, estamos haciendo una bruta figura. España, por obra y gracia de este Gobierno, aparece ante Europa como un país poco respetuoso con el estado de derecho. Precisamente cuando más necesitamos de Europa.