En la colmena del Tribunal Constitucional, en la calle Domenico Scarlatti de Madrid, se toma hoy luna decisión de la que depende que el independentismo tome una nueva cabeza de playa o la pierda. Los laboriosos jueces del Constitucional, como abejas diligentes, han habilitado este sábado para pronunciarse sobre el recurso con el que el Gobierno trata  de impedir el pleno del próximo martes en el que el independentismo quiere hacer a Puigdemont presidente. El Gobierno ha presentado el recurso, aunque tiene en contra el dictamen del Consejo de Estado, porque cree que está en la obligación de evitar la investidura.

El Gobierno ha cambiado de criterio, porque hasta el miércoles argumentaba que no había acto jurídico recurrible. El Gobierno ha asumido el desgaste de recurrir al Constitucional sin el apoyo del Consejo de Estado que le ha dicho que se basa en una mera hipótesis, la hipótesis de la no comparecencia en el pleno de Puigdemont. El Gobierno ha asumido también el riesgo improbable de que el Tribunal Constitucional no admita el recurso a tramite. Hay un precedente, cuando Ibarrexte andaba con el plan secesionista y el Gobierno entonces recurrió no un acto jurídico sino una voluntad expresada de forma genérica y el riesgo muy probable de que esa admisión a tramite no sea por unanimidad. ¿Por qué ha cambiado el Gobierno de opinión, por qué ha asumido el desgaste y el riesgo? ¿Por qué Rajoy, tan poco amante del riesgo y del desgaste, ha dado este paso? Porque veía que se le echaba encima el martes 30 de enero y veía a Puigdemont presidente otra vez. Porque a pesar de que los independentistas no quieren a  Puigdemot, Puigdemont iba a ser investido.

No han encontrado otra fórmula, otro modo. Esta es una fórmula con la que se deja algunos pelos en la gatera, o muchos, según se mire. Puede que el Consejo de Estado lleve razón. Seguramente el Constitucional admita a trámite pero no de forma unánime. Pero el Gobierno quiere evitar a toda costa que el independentismo levante otra cabeza de playa en esta batalla por volver a la normalidad en Cataluña. Cuando alguien toma una cabeza de playa es muy difícil hacerle retroceder. El Gobierno sin duda podía haber hecho las cosas mejor. Podía no haber negado el recurso hasta última hora. Podía haber hablado con la gente del Consejo de Estado antes de formular el recurso. Pero el Gobierno no ha vulnerado la ley dando un paso adelante en contra de la opinión del Consejo de Estado. En un Estado de Derecho cada institución tiene su papel. A unos les toca gobernar, a otros valorar de forma consultiva, al Constitucional hace de legislador negativo y los jueces son la boca de  la ley. Y al Gobierno le toca tomar las iniciativas políticas para evitar más cabezas de puente en la playa de la unidad de España. Cada uno en su sitio.

No podemos olvidar que el presidente Puigdemont pretende ser investido después de haber desobedecido a la justicia española y haberse fugado. Después de haber lanzando a Cataluña por un despeñadero institucional y social. Después de haber estado durante meses burlando a la justicia, el sentido común. 

El Gobierno cuenta con el apoyo de los partidos constitucionalistas. En Ferraz, la numero cuatro de la Ejecutiva, carmen Calvo, no solo ha apoyado al Gobierno sino que aseguró que el Consejo de Estado no le ha quitado la razón al Gobierno. Calvo añadió que lo de Puigdemont es un chiste. Apoyo del PSOE pero con sensibilidades diversas, la portavoz de los socialistas en el Congreso, la exjuez Margarita Robles, que siempre va por libre, le exigía al Gobierno que explique el varapalo del Consejo de Estado. 
Apoyo también de Ciudadanos, pero Rivera matiza que si el Gobierno se equivoca tendrá que explicarse. Están las cosas tensas entre el PP y Ciudadanos. El PP no ha hablado con Ciudadanos del recurso después de que Ciudadanos le haya dado duro esta semana por los casos de corrupción. Y quien se volvió a poner en evidencia fue Podemos. 

El presidente del Parlament mantiene el pleno de investidura con Carles Puigdemont
como candidato. Roger Torrent volvió a utilizar un argumento falaz: “No se impugna la decisión del presiente del Parlament sino la voluntad de millones de votantes”, dijo. 

¿Por qué el argumento de Torrent es falaz? Porque no es verdad que la voluntad de los catalanes es que Puigdemont, un fugado de la justicia, sea president. El independentismo, que no tiene la mayoría de los votos, no puede seguir hablando en nombre de Cataluña.

El Tribunal Constitucional toma hoy una decisión. Los jueces laboriosos, como abejas, se reúnen en su colmena. Discutirán si la convocatoria del pleno de investidura como candidato es un acto jurídico suficiente para ser recurrido o no, no van a entrar en el fondo de la cuestión, en si Puigdemont, fugado de la justicia tiene derecho a ser investido. Y hay precedente de todo. En una ocasión, en la época de Ibarretxe, ya hubo una inadmisión. También hay precedente de que un recurso haya sido admitido a trámite y que después no se le haya dado al Gobierno la razón al entrar en el fondo del asunto. Es lo que pasó en noviembre con la reforma del reglamento Parlament que estableció un sistema de lectura única para las leyes. Los jueces que quieren admitir a trámite el recurso recuerda que el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permite impugnar las disposiciones normativas sin fuerza de ley.