Herraiz: "Los precios siguen subiendo. El diésel se pagaba a 1,47 el año pasado y, hoy, a 1, 68 de media"

Muy buenos días. Bienvenido si te incorporas a esta hora a La Mañana del fin de semana de COPE. Llevamos desde las seis en este 14 de enero, en el que nos hemos cargado ya dos semanas de este 2023 y en el que muchos nos hacemos una pregunta, ¿Hasta cuándo van a seguir los precios de los alimentos disparados?

En diciembre, sufrieron una subida récord del 15,7%. Es la más alta desde enero de 1994. ¿Qué es lo que más ha subido en el último mes? El aceite de oliva. Un 8,3%. ¿En el conjunto del año? Pues ahí la lista es casi interminable porque todo ha subido de forma inédita hasta ahora. Sobresale el 50% de la azúcar o el 43% de la mantequilla. Pero también destacan los incrementos en la leche, el queso, la carne... Aquí el Gobierno ha encontrado ya el culpable. Le ha costado porque el problema no es de hoy y la justificación tiene su aquel cuando nos vienen contando que lo tienen controlado.

Para eludir cualquier responsabilidad frente a esta escalada desmedida de los precios de los alimentos, cuyo mayor beneficiado es el propio Gobierno, vía impuestos, la vicepresidenta Yolanda Díaz señala a la cadena de distribución para reforzar su idea de la intervención. Dice que las empresas se están forrando. Esas acusaciones tan generales no llevan a ningún sitio. Que diga quién, cuánto, cómo. Y que si incurren en irregularidades que lo denuncien.

Preguntábamos hasta cuándo. De momento, esa tendencia a la moderación de la inflación, no del precio de los alimentos, puede truncarse en enero con la eliminación de los 20 céntimos de bonificación por cada litro de combustible. También porque el gasoil y la gasolina, además han subido en lo que llevamos de año. Incluido el descuento, el 31 de diciembre el diésel se pagaba a 1,47. Hoy, 1, 68 de media. La gasolina a finales de 2022 1,39.

Veremos cómo acaba el año pero todo apunta a que esa moderación de la inflación se va a revertir por esta cuestión de los carburantes. Precios aparte aparte, la vida continúa en el ministerio de igualdad, donde siguen riéndose en tu cara y en la mía. Mientras se siguen riendo en el equipo de Irene Montero, continúa la cascada de violadores y delincuentes sexuales que ven reducida su condena por la ley del “solo sí es sí”.

"En la justicia hay agujeros"

Por repasar alguna de las últimas revisiones de pena. El Supremo se ha visto obligado a reducir un año de prisión a un hombre que agredió sexualmente a su sobrina de 8 años. Los hechos ocurrieron en la línea de la Concepción, en Cádiz. Este condenado recogía a la niña del colegio y, en ausencia de su madre, abusaba de ella, evidentemente, sin su consentimiento. El condenado tenía una pena de 13 años y medio y, tras la revisión de su causa, le quitan un año. Que la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, se reirá y dirá que es algo menor. Qué más da un año menos.

Así podríamos seguir por toda España. Otra de las últimas la encontramos en Valladolid, la Audiencia Provincial ha quitado un año de condena a un pedófilo, que además distribuía vídeos de violaciones a bebés. En total, desde que entró en vigor la ley Montero, que es también la ley Sánchez, se han beneficiado 181 violadores y pederastas, de los que una veintena están ya en la calle.

Que la tal Rodríguez Pam y parte de su equipo se lo tomen a broma es grave. Pero es incluso más ofensivo que Sánchez las mantenga como altos cargos de su gobierno. Para que te hagas una idea. La que se mofa de la salida a la calle de violadores, la secretaria de estado de Igualdad tiene un sueldo de 120.000 euros al año. Eso en bruto. En neto, más de 6.000 euros al mes. Ya sabes que primero se resistió a rectificar. Y después de la presión del ala socialista del Gobierno, lo ha hecho, pero de aquella manera. Sigue hablando de la ultraderecha, que es el comodín del público que utilizan para todo. Lo hacía en la televisión pública gallega.

En qué quedamos. Si todo era una manipulación, no tiene sentido pedir disculpas. ¿O es porque le han forzado? Seguirán al frente del ministerio de Igualdad, que es la noticia y es donde seguirán mofándose mientras los violadores salen a la calle.

En la justicia hay agujeros como consecuencia de leyes mal redactadas y también hay casos que confirman graves deficiencias en el propio sistema. Y te tengo que hablar de Romina Celeste. Romina era una joven paraguaya que fue asesinada en la isla de Lanzarote presuntamente a manos de su marido. Apenas tenía 25 años. Los hechos ocurrieron en la Nochevieja del año 2018 en su vivienda de Costa Teguise. Hace cuatro años. El marido, que se llama Raúl Díaz, está acusado de matar, descuartizar, quemar y repartir el cadáver de Romina por la costa de Lanzarote y de arrojar el cuerpo de su mujer al mar.

Raúl Díaz lleva cuatro años en prisión preventiva a la espera de juicio. Como ha transcurrido el máximo legal para este tipo de internamiento provisional, instituciones penitenciarias, previa decisión del juez, se ha visto obligado a ponerle en la calle. La familia de Romima está destrozada.

Hablamos mucho de los tejemanejes para la renovación del Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. Y, luego, en el día a día, comprobamos agujeros como este. Por cierto, lo va a investigar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero mientras tanto, el principal acusado de matar a la joven paraguaya Romina Celeste, en la calle, en libertad.

Otro de los protagonistas de este sábado es José Antonio Griñán. El ex presidente socialista de la Junta de Andalucía, condenado a 6 años de prisión por delitos de malversación, no entrará en la cárcel de forma inmediata.

Ya sabes que cuando la Audiencia de Sevilla activó la cuenta atrás para que ingresara en prisión, su defensa pidió que se suspendiera el requerimiento. Alegaron una enfermedad grave sobrevenida. Un cáncer de próstata de alto riesgo que NO se podía tratar en la prisión. Como de esta enfermedad no habían indicado nada en todo el proceso y solo lo notificaron cuando apenas le quedaba una semana para eludir los barrotes y la celda, señalaron que le había sido diagnosticada justo ocho días antes.

¿A partir de ahí? Todo lo que les hemos venido contando. La petición de un informe médico forense, los resultados de ese análisis y la resolución última de la Audiencia de Sevilla que descarta el ingreso de Griñán en la cárcel hasta que no concluyan las sesiones de radioterapia. La Justicia no ve conveniente su entrada en prisión porque cree que realizar ese tratamiento en el centro penitenciario conlleva riesgos. Así que, por el momento, Griñán se libra de la cárcel y una vez que concluya la radioterapia, deberá ser reconocido nuevamente por el médico forense para que la Audiencia vuelva a examinar el caso.

Hasta aquí la noticia. Luego hay muchos frentes de análisis. Estamos hablando de una pena por unos delitos que comenzaron a cometerse hace al menos 23 años. Que se tenga constancia, el macrofraude de los ERE, el proceso por el que se dilapidaron 680 millones de euros de dinero público, comenzó en el año 2000. Y La sentencia que condenaba a Griñán y a una veintena de ex altos cargos socialistas es de noviembre de 2019.

Sin ánimo de ser justicieros, primando siempre el carácter humanitario, son evidentes los agujeros que han permitido eludir la prisión a uno de los máximos responsables políticos del mayor caso de corrupción cometido en España por la cuantía defraudada. La sentencia es clara: Griñán conocía el fraude, sabía del reparto discrecional de dinero público, y consintió el descontrol absoluto de esas concesiones, que, en una parte destacada, acabaron en fiestas, en droga y en prostitutas.

Y ahora se suspende la entrada en prisión por una enfermedad confirmada por un informe médico forense. Antes se había hablado del indulto, solicitado por la defensa del propio Griñán. Pero eso entrañaba problemas para el Gobierno y el PSOE a cuatro meses para las elecciones municipales autonómicas, porque junto al ex presidente andaluz, hay otros ocho ex altos cargos con penas de prisión. Una medida de gracia de carácter general habría sido un escándalo mayúsculo.

Por eso, lo que hay que pedir es que, si esta medida es justa, se aplique a partir de ahora a todos los presos en las mismas condiciones. Tengan o no tengan el carné del PSOE. Esto no siempre ha sido así. Y como muestra, el caso del ex ministro del PP Eduardo Zaplana. La fiscalía anticorrupción se opuso a elevar la suspensión de la entrada en prisión del también ex presidente valenciano a pesar de que padecía una leucemia aguada. Así que no se trata de reclamar un castigo justiciero para Griñán, sino que se aplique la misma vara de medir para todos. En el caso de Zaplana, cabe recordar que se encontraba en situación de prisión provisional. Ni siquiera había sido juzgado y, por tanto, tampoco condenado.

Vamos con la polémica que se ha montado en torno a la nueva propuesta de medidas pro vida que ha realizado el gobierno de Castilla y León. Es verdad que el debate llega en el arranque de un ciclo electoral que lo contamina todo. Por eso, conviene ir al detalle de lo que se ha aprobado.

Protocolo que amplía las opciones para las mujeres embarazadas

Lo que ha hecho el gobierno de esa comunidad es implementar un protocolo que amplía las opciones para las mujeres embarazadas. Es decir, que en vez de ofrecer el aborto como una solución, abre el abanico de opciones, ofrece más información. ¿Cómo? Básicamente, por tres vías: las ecografías 4D, que ofrecen una visión muy real del bebé, el sonido de los latidos de su corazón y una adecuada atención psicológica. Cuesta comprender el lío que se ha montado y las críticas completamente desproporcionadas por parte de los socios del gobierno central. ¿Tanto miedo le tienen a los latidos de un bebé? Porque esa es la clave de todo. Se podrá discutir si los médicos deben tener la opción de ofrecer estas alternativas o deben estar obligados, como defendía este jueves en TRECE el vicepresidente de Vox.

Obligado para los médicos, opcional para las mujeres, insistía García Gallardo. Esta cuestión terminológica parece estar detrás de la distancia que ha marcado en las últimas horas el consejero de Sanidad de esta región, Alejandro Vázquez, que es del Partido Popular y que, en COPE, introducía ese matiz.

En fin, que, como te decía, la cercanía de las elecciones hace que este debate se afronte con trazo grueso. Pero lo que hay de fondo, lo que ha escocido de esta propuesta, es que se atreve a salirse del marco de lo políticamente correcto. Se atreve a poner el dedo en la llaga: el verdadero derecho es a la vida. El primero de todos. Decir eso se ha convertido en algo contracultural, pero es la verdad. Lo diga quien lo diga. Ofrecer más información, dar más opciones a una persona embarazada nunca puede ser entendido como una vía para presionarla. Es más bien al contrario: es la nueva ley del aborto del gobierno, que elimina el periodo de reflexión y la información que se da a las mujeres, la que presiona a esas mujeres, la que las conduce al aborto como única salida.