Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, sobre el registro de objetores al aborto: "Se está vulnerando el derecho a la objeción de conciencia que implica la no discriminación"

El Gobierno ha requerido a las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Islas Baleares y Madrid que creen un registro de médicos objetores a realizar abortos para cumplir con la ley. Esta exigencia ha sido recriminada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que no creará lo que considera una "lista negra de médicos".

En este contexto, el Colegio de Médicos de Madrid ha tomado una posición firme en contra del registro. Su presidente, Manuel Martínez-Sellés, en una entrevista en 'La Mañana de Fin de Semana' con Fernando de Haro, ha calificado la propuesta como una "lista negra" y ha cuestionado su verdadera finalidad.

Una lista negra para señalar

Martínez-Sellés se ha preguntado retóricamente sobre la utilidad del censo. "Si esta lista no se va a utilizar, ¿qué sentido tiene solicitar que los médicos que hacen objeción de conciencia se apunten en la lista?", ha cuestionado. 

El presidente de los médicos madrileños ha subrayado que esta información es especialmente sensible porque estaría en posesión de las consejerías de Sanidad, que son las entidades contratantes.

El principal temor es que el registro se utilice para discriminar. Según Martínez-Sellés, "si una consejería quiere contratar un ginecólogo y quiere saber si ese ginecólogo es objetor o no, podría ir a ver esta información en la lista, y en función de eso, decidir la contratación". Ha advertido que esto podría afectar no solo a nuevos contratos, sino también a renovaciones o promociones internas.

Vulneración del derecho a la objeción

Frente al argumento del Gobierno de que el registro es necesario para garantizar que el aborto se ofrezca en la sanidad pública, Martínez-Sellés ha defendido que esta medida es un ataque directo a los profesionales sanitarios. Considera "muy grave" la pretensión de que se fuerce la realización de abortos en hospitales públicos, ya que "se está vulnerando el derecho a la objeción de conciencia que implica la no discriminación".

Como alternativa, el presidente del Colegio de Médicos ha propuesto una solución diferente: "Se podría solicitar que los médicos que estén dispuestos a organizar abortos se apunten en una". En su opinión, el único objetivo del registro de objetores es "presionar a estos médicos", especialmente en un momento como el actual en la Comunidad de Madrid, con varias ofertas públicas de empleo en proceso de consolidación.

La polémica se mantiene con las posturas enfrentadas. Desde el Ejecutivo, la ministra de Sanidad ha insistido a Ayuso en que "la ley se cumple". Por su parte, la presidenta madrileña ha reiterado su rechazo frontal: "No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No voy a hacer una lista negra de médicos, nunca, nunca".