Diego Garrocho: "Aferrarse al cargo es algo difícil de comprender, a menos, que exista una encomienda concreta que lo obligue a resistir en su puesto"
El profesor de Filosofía, Diego Garrocho, sostiene que el fiscal general debe dimitir por ética e imparcialidad

Diego Garrocho sostiene que el fiscal general debe dimitir por ética e imparcialidad
Madrid - Publicado el
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Pues, sobre la situación final del fiscal general del Estado, serán los jueces quienes determinen su culpabilidad o su inocencia. Al Tribunal Supremo, y solo al Tribunal Supremo, le corresponde esa potestad. Porque, en democracia —y conviene recordarlo una vez más—, son los tribunales quienes tienen la exclusiva potestad de dirimir la culpabilidad o inocencia de cualquier ciudadano. Los demás observadores tendremos que conformarnos con construir una opinión a partir de las evidencias que se han hecho públicas, del propio auto del juez Hurtado y, si cabe, también establecer inferencias a partir de la reacción de los miembros del Gobierno.
Pero a la pregunta de si debe o no debe responder el fiscal general del Estado con una dimisión, a esa pregunta sí podemos responder. Y esta pregunta no depende de su culpabilidad. Si fuese hallado culpable, lo que le espera no es la pérdida del puesto, sino una condena. La dimisión, en este caso, sería una pura cuestión ética. Y ahí creo que la respuesta es clara: Álvaro García Ortiz es el superior directo del fiscal que participará en su juicio, y solo por ese hecho, por respeto a la lealtad institucional, debería dar un paso atrás. Incluso si fuera inocente, porque no le corresponde a ningún cargo público implicado valorar la idoneidad del proceso. Nadie puede ser juez y parte en un procedimiento judicial.
Y si el fiscal general se ubica en esa situación de privilegio —una situación que no ampara a ningún otro ciudadano— estará faltando al principio de igualdad ante la ley. La dimisión del fiscal general del Estado no se justifica por una eventual culpabilidad, sino por la insostenible circunstancia procesal en la que de facto ya se encuentra. Aferrarse al cargo, a un riesgo de erosionar la credibilidad de una institución clave para el funcionamiento democrático, es algo difícil de comprender, a menos, claro, que exista una encomienda concreta que lo obligue a resistir en su puesto.