Las oposiciones en España van a cambiar y este sector laboral se siente más perjudicado que el resto: "Están indignados"

El Gobierno de España está ultimando una reforma en el sistema de acceso a los altos cargos de la función pública que ha generado un intenso debate y un fuerte rechazo entre algunos colectivos de funcionarios, especialmente entre los inspectores de Hacienda. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Función Pública, sustituiría el tradicional sistema de oposiciones por un nuevo modelo de selección para los Grupos A1 y A2 (altos cargos de la Administración General del Estado), basado en una formación específica de dos años y un examen final.

El programa La Linterna, de COPE, analizó este martes la polémica medida en una conversación entre su director, Ángel Expósito, y la periodista económica Pilar García de la Granja. Durante el coloquio, García de la Granja mostró su preocupación por el posible deterioro de la objetividad en el acceso a la función pública: “Tú vas a cualquier oficina en donde te atiende un funcionario, una persona que ha pasado una oposición, porque entiendes que sabe, que tiene conocimiento. Lo que quieres es que te solucionen el problema, ¿o vas buscando un comisario político? Porque es que hemos llegado a este punto”, afirma.

 La crítica de los inspectores de Hacienda  

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha sido una de las más contundentes en su rechazo al proyecto, al que califican de “lleno de ambigüedades, palabras incomprensibles y vacías, incongruencias y conclusiones que entrañan un gravísimo peligro para el futuro de la función pública española”. En un duro comunicado, los inspectores denuncian que el Gobierno no ha contado con su opinión pese a ser uno de los cuerpos más especializados de la Administración.

“Es llamativo el título del documento ‘Consenso por una administración abierta’, porque ni ha habido consenso ni se ha querido escuchar a quienes de Administración saben”, critican. Además, acusan al Ejecutivo de buscar “demoler la Administración pública a través de la demolición del capital humano”, advirtiendo de que el nuevo sistema abriría la puerta a la “injerencia política” en la selección de altos cargos.

El modelo propuesto consistiría en un examen inicial de conocimientos generales, seguido de una escuela de formación de dos años y una prueba final. Sin embargo, los inspectores argumentan que este proceso eliminaría la garantía de imparcialidad, ya que los candidatos serían evaluados cuando ya son conocidos por el tribunal, lo que, según ellos, facilitaría la arbitrariedad.

 Función Pública defiende la “modernización”  

Fuentes del Ministerio de Función Pública, liderado por Óscar López, han defendido que el nuevo sistema busca “atraer talento y adaptar la Administración a los nuevos tiempos”, asegurando que el proceso mantendrá “rigor y transparencia”. Sin embargo, no han concretado cómo se garantizará la objetividad en la selección final, uno de los principales puntos de discordia.

Desde el Gobierno se insiste en que el cambio no supone una eliminación de los principios meritocráticos, sino una evolución hacia un modelo “más flexible y competente”. No obstante, la falta de diálogo con los cuerpos más críticos ha alimentado la desconfianza.

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El debate va más allá de los inspectores de Hacienda. Otros sindicatos y asociaciones de funcionarios temen que el nuevo sistema priorice “lealtades políticas” sobre la capacitación profesional. En La Linterna, Pilar García de la Granja ha subrayado la importancia de mantener la independencia del funcionariado: “Si empiezas a meter criterios que no sean el conocimiento y la experiencia, al final tendremos una Administración politizada”, alerta.

La reforma llega en un momento en el que la función pública española ya enfrenta desafíos como la digitalización y la renovación generacional. Pero mientras el Gobierno habla de “modernización”, sus críticos ven un intento de “clientelismo”. La polémica está servida, y con un sector clave como los inspectores de Hacienda en pie de guerra, el Ejecutivo tendrá que afrontar un difícil equilibrio entre innovación y garantías de neutralidad.