Los inspectores de Hacienda quieren vigilar a este sector laboral y considerarlo "de riesgo": igual que futbolistas de élite

Los inspectores de Hacienda reclaman al Gobierno un plan de fiscalización especial para políticos y altos cargos, argumentando que su capacidad para "chantajear y corromper" los convierte en un "colectivo de riesgo", al nivel de artistas o deportistas de élite. La petición, discutida en La Linterna de COPE entre el director Ángel Expósito y la periodista económica Pilar García de la Granja, llega en un contexto de crecientes casos de corrupción que salpican al PSOE y reabre el debate sobre la desigual contundencia de la Agencia Tributaria frente a la corrupción política versus el fraude fiscal ciudadano.

 La doble vara de medir de Hacienda  

Como revela un reciente análisis de ABC, la Agencia Tributaria ha demostrado eficacia ejemplar persiguiendo maniobras fiscales de futbolistas, empresarios o autónomos, pero su acción se diluye ante la corrupción política. Pese a que en la última década se contabilizaron más de mil casos vinculados al urbanismo y contratos públicos, los políticos siguen ausentes en los planes anuales de control tributario. Inspectores denuncian que no existe un órgano interno dedicado a esta vigilancia, algo que ya reclamaron durante los escándalos de la trama Gürtel o los ERE.

García de la Granja subrayó en La Linterna: "Quizá hay que perseguir menos al autónomo o la pyme y centrarse en quienes tienen poder para corromper. El corruptor no es solo la empresa que paga, sino el político que exige un soborno para acceder a una licitación". La periodista recordó que, en muchos casos, el beneficiario final del dinero es el cargo público, no las empresas.

 Una Oficina Antifraude: la solución pendiente  

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (AIHE), que representa al 90% del colectivo, insiste en la creación de una Oficina Antifraude (ONAF), un organismo multidisciplinar con interventores, policías y expertos del Banco de España para coordinar la lucha contra la corrupción. José María Peláez, portavoz de la AIHE, lamenta: "No hay voluntad política. Mientras, las tramas siguen operando".

La propuesta no es nueva. En 2015, con los casos Bárcenas y Gürtel en portada, ya se exigió esta herramienta. Sin embargo, ni el PP ni el PSOE la impulsaron. Hoy, con casos como el 'caso Cerdán' en Navarra —donde se investigan adjudicaciones irregulares de obras públicas—, la demanda resurge. El Gobierno foral navarro incluso solicitó personarse en el Tribunal Supremo para proteger los intereses de Hacienda, una medida excepcional que evidencia la magnitud del problema.

 El "riesgo" político: entre la opacidad y la impunidad  

Los inspectores señalan que los políticos y altos cargos manejan información privilegiada, influyen en contratos públicos y tienen acceso a redes opacas de financiación, lo que justifica su catalogación como "colectivo de riesgo". Pero la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha rechazado históricamente esta medida.

ABC destaca que, en 2024, los planes de inspección priorizaron a influencers, riders y autónomos, mientras ningún partido fue auditado de oficio. Expósito cerró el debate en La Linterna con una ironía: "Conclusión: o te fiscalizan como a Ferrovial, o te vas al Nasdaq", en referencia a la polémica salida de la empresa española a este mercado para eludir presiones fiscales.

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 El modelo internacional  

Mientras España debate, países como El Salvador —donde el presidente Nayib Bukele anunció en enero de 2025 la "eliminación de la deuda política" con una reforma anticorrupción— han optado por medidas drásticas. La AIHE propone mirar a la ONAF italiana, un organismo autónomo con poder para investigar a cualquier cargo público sin permiso gubernamental.

En España, sin embargo, la politización de Hacienda sigue siendo un obstáculo. Como resume García de la Granja: "Algunos inspectores también son un colectivo de riesgo, pero aquí el problema es sistémico: sin voluntad política, no hay herramienta que valga".