La reacción de Pilar García de la Granja al saber que estas profesiones podrán jubilarse antes: "Estamos en el 'no trabajar'"

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un real decreto que amplía la jubilación anticipada para trabajadores de actividades consideradas penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. La medida, presentada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, permitirá a colectivos como la construcción, el transporte de mercancías o las fuerzas de seguridad acceder a coeficientes reductores similares a los que ya disfrutan mineros, toreros o pilotos.

 El nuevo Real Decreto sobre la jubilación  

"Definimos criterios objetivos para proteger a quienes arriesgan su salud en trabajos esenciales", destacó Saiz en La Linterna de COPE. El texto, aprobado en un contexto de reformas para adaptar el sistema de pensiones a la diversidad laboral, establece cuatro ejes para determinar la penosidad:

1. Exposición a riesgos físicos: temperaturas extremas, vibraciones o uso continuo de fuerza.
2.  Toxicidad: contacto con agentes químicos o biológicos nocivos. 
3. Peligrosidad: alta siniestralidad laboral.  
4. Insalubridad: ambientes perjudiciales para la salud.

Los coeficientes reductores, que acortan el periodo de cotización necesario, se calcularán mediante indicadores como la incidencia de incapacidades temporales, la mortalidad laboral o la duración media de bajas. Además, se exigirá un incremento en las cotizaciones de estos sectores para compensar el coste anticipado de las pensiones.

Eso sí, la edad mínima para jubilarse no podrá ser inferior a 52 años y no se permitirá compatibilizar la pensión con el mismo trabajo que motivó la jubilación anticipada.

 La reacción de Pilar García de la Granja  

La periodista económica Pilar García de la Granja cuestionó en COPE el enfoque "transversal" del decreto: "Jubilar de forma universal es acabar con el talento. Miles de personas podrían seguir en activo aportando su conocimiento". Criticó que el sistema no incentive mecanismos flexibles para quienes "decidan voluntariamente retirarse" sin penalizar trayectorias profesionales aún productivas.

Su postura choca con la visión de Saiz, quien defendió la norma como "un avance en justicia social" y un ajuste a modelos europeos como los de Francia o Italia. "El sistema debe ser flexible para proteger a colectivos vulnerables. La solidaridad es el pilar del Pacto de Toledo", subrayó la ministra, en referencia al acuerdo que cumple 30 años en 2025.

 Crisis en la Seguridad Social  

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• Colapso administrativo: Una huelga de directivos del INSS ha dejado 30.000 expedientes de incapacidad pendientes, según El Confidencial. Los sindicatos denuncian plantillas "envejecidas y desbordadas".

• Impacto migratorio: Los trabajadores extranjeros explican el 41% del empleo creado en el último año, con 2,9 millones de afiliados. Saiz destacó su papel en sectores estratégicos y de alto valor añadido, como tecnología o sanidad.

Así, el real decreto, que no afectará a los colectivos ya beneficiados, requerirá ahora la solicitud conjunta de empresarios y sindicatos para aplicar los coeficientes. Una comisión evaluará cada caso con informes de la Inspección de Trabajo.

Mientras, la oposición y expertos dividen sus posturas.  A favor, sectores como la construcción celebran la medida. "Es un reconocimiento a años de desgaste físico", declaró un portavoz de UGT. Y, en contra, diferentes Think tanks económicos alertan del coste fiscal. García de la Granja insiste en que "el sistema debe premiar la prolongación voluntaria de la vida laboral".