José Ramón Zurdo, abogado experto en vivienda: "Los precios de los alquileres que fijan las agencias públicas están muy por debajo de las rentas de mercado y perjudica a los propietarios"

El abogado experto en vivienda y director de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha analizado los servicios de gestión de alquileres que ofrecen algunas administraciones públicas. Según Zurdo, estos servicios se caracterizan porque los precios que fijan "están muy por debajo de las rentas de mercado, lo que perjudica notablemente a los propietarios". El experto considera que la gestión privada está "a años luz" de la pública.

Lentitud y falta de libertad

Uno de los principales problemas señalados es la lentitud en la gestión. Zurdo explica que "los tièmespos de gestión de los alquileres suelen ser excesivamente largos". Detalla que desde que los propietarios presentan las solicitudes hasta que se aprueban las operaciones, "pueden pasar fácilmente cuatro meses". Esta demora, que el abogado considera común en las administraciones públicas, también se extiende a la resolución de las incidencias.

Los precios de los alquileres están muy por debajo de las rentas de mercado y perjudican a los propietarios"

José Ramón Zurdo

Abogado experto en vivienda

Otro aspecto diferencial es la autonomía. Según el director de la Agencia Negociadora del Alquiler, "las administraciones públicas no tienen la autonomía ni la libertad de elección que sí tienen las empresas privadas para seleccionar o rechazar inquilinos". Además, apunta que una empresa privada "asume directamente el riesgo de los impagos de rentas", lo que la obliga a "ser mucho más eficiente en su gestión" al no poder permitirse tener pérdidas, a diferencia de una entidad pública.

Por todo ello, Zurdo defiende "sin ninguna duda" su conclusión final. Sostiene que "la gestión privada de los alquileres de viviendas es mucho más eficiente y efectiva que en la gestión pública". Esta afirmación se basa en la capacidad del sector privado para optimizar los procesos, seleccionar rigurosamente a los arrendatarios y gestionar los riesgos de forma proactiva.

El alquiler, un problema enquistado y con difícil solución

La crisis de la vivienda trasciende la gestión de las agencias y se ha convertido en una preocupación de primer orden a nivel nacional. La experta económica Pilar García de la Granja ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro del mercado, sentenciando que no va a parar de subir el precio de alquilar un piso. Según la directora de Mediodía COPE, la razón principal es que los propietarios tienen miedo y prefieren tenerlos cerrados o incluso venderlos antes que ponerlos en el mercado del alquiler. Esta situación crea un círculo vicioso que limita todavía más el parque de viviendas disponibles.

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El origen de esta situación límite, según explican los expertos, es un desequilibrio fundamental en el mercado: hay mucha más demanda que oferta. A esto se suma un marco legal que, en opinión de García de la Granja, provoca que los dueños de los inmuebles no se encuentren seguros. Esta inseguridad jurídica es un factor disuasorio clave que contrae la oferta y empuja los precios al alza, generando una tormenta perfecta que afecta a miles de ciudadanos que buscan un hogar.

Este problema, lejos de generar consenso, está provocando tensiones en el seno del Gobierno de coalición. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha tenido que responder a las peticiones de dimisión de sus socios de Sumar. Rodríguez ha buscado rebajar la tensión, enmarcando la polémica en una tendencia a la exageración al afirmar que 'creo que dramatizamos demasiado en este país'. La ministra también confirmó haber recibido el respaldo explícito del presidente del Gobierno.

Las cifras ponen de manifiesto la magnitud del desafío. La vivienda se ha consolidado como el principal problema para los españoles, a pesar de los múltiples anuncios de medidas por parte del Ejecutivo. Los expertos del sector inmobiliario estiman que en España hacen falta unas 400.000 viviendas para satisfacer la demanda, pero el ritmo actual de entrega es de apenas 120.000 al año. Este déficit se ve agravado por una burocracia que puede alargar los plazos de un proyecto hasta 10 años.