"La situación es un despropósito institucional; la Fiscalía, que depende del procesado, no acusa al procesado, sino que lo defiende"

Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Les deseamos lo mejor a esta hora de la mañana, las 8 y 7 en Canarias, desde el Teatro Isabel Católica de Granada, donde nos encontramos ahora rodeados de nuestros amigos de la localidad y de localidades vecinas que han venido a pasar hasta la 1 de la tarde una apasionante mañana de radio. 

Bueno, todos los que quieran seguir viniendo saben que aquí encontraremos un sitio para ellos. Gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo para todos ustedes en este martes. En este martes en el que le habíamos dicho, la actualidad, si fuera un mural, hoy contemplaríamos en el mural muchas cosas.

En un rincón a un presidente dimitido de comunidad autónoma, en otro a un fiscal general del Estado que está nada menos que declarando ante el Tribunal Supremo en un juicio por revelación de secretos, juicio contra él, por revelación de secretos, nada menos; a un informe de la UCO que habla de un ministro que también colaboraba con la trama de las mascarillas, y a una Miss que era novia de otro ministro que dice que ese ministro le decía que Sánchez lo sabía todo. Bueno, pues ahora decidamos qué es más importante. 

¿Es más importante que dimita un presidente autonómico o que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo de los acusados? Algo que no ha sucedido ni en España ni en ningún país democrático, así que ahora mismo me venga a la cabeza de los que andan a nuestro alrededor. O sea, ¿la crisis política de Valencia es más importante o el hecho de que la Fiscalía y la abogacía del Estado acusan al Tribunal Supremo de actuar de forma inquisitorial e inconstitucional?

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, una guerra de instituciones en el Supremo. Ayer comenzó una sesión que va mucho más allá de la valoración de hechos concretos. Se dilucida un pulso feroz entre el poder descarnado y sin escrúpulos y las instituciones que están encargadas de ponerle el límite. Hablaremos de Mazón, claro, pero hablemos de lo que pasó ayer con el fiscal general del Estado, porque fue, entiendo, muy grave. 

Ayer Álvaro García Ortiz se presentó con todo su cuajo ante el Supremo. Se puso la toga, las puñetas, no se sentó en el banquillo de los acusados, sino en el estrado de los letrados, y se hizo despedir de la Fiscalía por todo el grupo de pelotas que le rodea en un aplauso conmovido. A todos esos los ha colocado él, hay que decir, en la Fiscalía General. La situación es un despropósito institucional de esa magnitud, es decir, en la que, fíjense ustedes, la Fiscalía que depende del procesado no acusa al procesado, sino que lo defiende.

Y lo mismo vale decir de la Abogacía del Estado, o sea, es el mundo al revés y la ocupación política de las instituciones llevada a su máxima expresión, la falta de vergüenza más absoluta. El discurso que ayer hicieron la exabogada general del Estado y abogada del Estado, Consuelo Castro, que le llamaban la cubana, por sus quereres izquierdistas, fue una desautorización del Supremo en toda regla. 

No defendieron la inocencia de García Ortiz. No. Lo que intentaron fue establecer la culpabilidad del tribunal que le juzga, que es diferente. Además, de su intervención se puede deducir que el recurso que va a interponerse al Constitucional, pues es cuestión del tiempo que tenga que transcurrir, porque va a procederse. 

Y estando en el Constitucional quien está, Gracita Conde Pumpido, pues ya pueden ustedes imaginar lo que puede ocurrir. ¿Para qué? Para anular una posible condena, como pasó en el caso de los ERE falsos de Andalucía, que tampoco se le ha caído a nadie todavía la cara de vergüenza por esa cuestión.

Lo que pasa es que ayer fue un buen día para los intereses de García Ortiz, porque dos fiscales, Julián Salto y Almudena Lastra, fiscal jefa de Madrid, fiscal que llevaba el caso del novio de Ayuso, demostraron que la justicia tiene datos más que suficientes para juzgar a García Ortiz y que su comportamiento presenta indicios de delito para acabar donde ha acabado, porque el expediente que llevaba Julián Salto sobre el novio de Ayuso era intrascendente y, de repente, desde arriba se interesan mucho por ese caso en el que fiscal y abogado estaban llegando a un acuerdo para ese dinero que González Amador debía a Hacienda. Y se interesan rápidamente desde arriba. ¿Por qué? Porque ese González Amador era el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Es decir, aquí no es el qué, es el quién, pero eso es muy peligroso en una democracia. Es decir, el funcionario llevaba la causa con absoluta imparcialidad y son los cargos políticos de la Fiscalía los que se interesan por el expediente por la única razón de que era novio de Díaz Ayuso. Y luego, para el fiscal general fue peor todavía el testimonio de Almudena Lastra, que reiteró ante el tribunal lo que ella le dijo a la cara, y García Ortiz no desmintió ese famoso pasaje que dice: “Álvaro, tú has filtrado los datos.” Y Álvaro dice: “Eso no importa. Ahora hay que sacar la nota, el relato.” El relato una vez más.

Bueno, en fin, veremos lo que estos días dan de sí, pero el de ayer dio bastante, y ciertamente quedó algo colapsado porque también la noticia de la dimisión de Carlos Mazón era una noticia esperada para algunos desde hace un año. La noticia de la dimisión de Mazón se sabía que en algún momento se iba a producir, porque él ha reconocido errores, pues no haber suspendido su agenda el día de la DANA, pero también ha denunciado la mala fe del gobierno central con la administración autonómica. 

Mazón dimite política y anímicamente destruido, pero denunciando que todo lo que funcionó mal aquel día también tenía que ver con la pasividad de un gobierno que actuaba por cálculo político. Él se pudo haber equivocado, pero ayer ya lo dejaba claro: “Yo no soy una mala persona.” Señalando al que de verdad es mala persona, y todos sabemos que es mala persona: el presidente del gobierno de España, que actuó como una muy mala persona ese día. Ahora la comunidad, bueno, veremos cómo acaba, porque tiene que pactar con Vox el Partido Popular, y veremos cómo eso acaba.

Bueno, y ayer se conoció parte del informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres. Koldo, Ábalos y Aldama se van a sentar en el banquillo acusados de cohecho y malversación, y todo lo demás. Pero el ministro, cuando era presidente de Canarias, según este informe de la UCO, tuvo un papel extraordinariamente activo en la operación de las mascarillas, que es lo que les va a llevar a algunos al banquillo, y ya veremos si a alguna parte más.