El presidente de la central sindical independiente de funcionarios de Cataluña, Joan Escamilla, ha lamentado en 'Herrera en COPE' la situación de los funcionarios en el proceso vinculado con la celebración del referéndum del 1 de octubre que quiere convocar el Govern. “A medida que se acerca la fecha, la preocupación es mayor”, ha señalado.

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Joan Escamilla reconoce que no le tranquiliza que la Generalitat diga que les va a proteger de las responsabilidades penales (en caso de que algún funcionario participe en el referéndum). “Ponen en riesgo nuestra seguridad jurídica. En este choque de trenes estamos encadenados a la vía, por ambos lados vamos a recibir”.

Por eso ha señalado “tenemos preparado un protocolo de actuación ante una orden que uno pueda pensar que es ilegal". Recomienda a los funcionarios "pedir la orden por escrito, ponerlo en conocimiento de la inspección de servicios y en función de la respuesta,  llevarlo a la Fiscalía. No habrá ningún funcionario por nuestra parte que no tenga nuestra cobertura”, ha advertido en COPE.

Considera una “desfachatez” que la Generalitat haya declarado ante el Tribunal de Cuentas que los funcionarios avalaran el 9-N, “si esta es la manera de defendernos mejor es que no nos defiendan.

Escamilla ha recordado que cuando un funcionario toma posición “una de las condiciones es jurar y prometer la Constitución”, ha concluido.