Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, ha sido entrevistada este lunes en 'Herrera en COPE' a raíz de la decisión del Gobierno balear de expropiar inmuebles a grandes tenedores para dedicarlos al alquiler social. Según ha dicho, esta medida es contraria a la seguridad jurídica que necesita el mercado del alquiler porque “atenta contra el derecho a la propiedad privada y lanza un mensaje de inseguridad no solo a los grandes propietarios, sino también a los pequeños y medianos”. Además, “al reducirse la oferta, acceder a esas viviendas será mucho más difícil”.

Por otro lado, Toribio ha dicho que habrá que ver si los tribunales avalan la medida porque los “propietarios tienen derecho a acudir a los tribunales”. Esa litigiosidad “es lo que va en contra de lo que necesitamos, que es un marco regulatorio estable para desarrollar la oferta y para proteger a los propietarios”.

“No hay que olvidar todas las medidas que hemos tenido a favor de la ocupación para amparar, incluso, a okupas ilegales. Todo esto genera una gran inseguridad jurídica”, ha reiterado la secretaria general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler.

Beatriz Toribio ha dicho que el Gobierno balear tendrá que destinar “casi dos millones de euros” al pago de esos alquileres, que “no van a solucionar el problema del alquiler” porque “es una de las zonas más tensionadas a nivel de precios”.

En lo que respecta a la regulación que otras ciudades europeas han acometido sobre el mercado del alquiler, Toribio ha puesto el foco en Berlín, donde “la oferta se ha reducido” y han subido los precios en las zonas limítrofes. En España esto “tendría efectos peores”, ha vaticinado la que es secretaria general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler.

Aunque desconoce los flecos de la ley de vivienda en alquiler que prepara el Gobierno, Beatriz Toribio considera que el control de precios es “lamentable” porque no hay consenso con los propietarios. Por eso, ha apelado a la colaboración público-privada para desarrollar vivienda social.