Alberto Herrera (33): "Si le dices a alguien muy rico que se compre un coche eléctrico no tiene problema, pero no es igual para quien le funciona uno de gasolina desde el año 2000; y, mientras, el metro de Madrid lleno"

Bruselas pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 62% antes de 2030, y para ello prepara una medida contundente. A partir de 2027 entrará en vigor un nuevo régimen comercial de derechos de emisión que obligará a comprar derechos para poder emitir CO2. Esta especie de impuesto, analizado en el programa Herrera en COPE, afectará al gas para calefacción y a los combustibles, con un sobrecoste que, según los expertos, acabará repercutiendo directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

Un sobrecoste de hasta 24 céntimos por litro

Las primeras estimaciones ya alertan de un encarecimiento significativo. Nacho Rabadán, director general de la Federación Española de Estaciones de Servicio, calcula que, dependiendo del precio de la tonelada de carbono, el precio de venta al público podría subir "de entre 13 y 22 céntimos para la gasolina, y de entre unos 14 y 24 céntimos para cada litro de gasóleo". Por su parte, Carmelo González, presidente de la confederación española del transporte de mercancías, considera que la tasa es "una amenaza para el sector" y estima un impacto similar, de entre 15 y 25 céntimos por litro.

Cartillas de racionamiento de CO2

Para entender el mecanismo, el profesor Fernando Trías de Bes ha explicado en COPE que funciona como las antiguas "cartillas de racionamiento". La Unión Europea emite una cantidad limitada de derechos de emisión de CO2, y las empresas que distribuyen combustibles fósiles deben comprarlos para poder vender su producto. "Como cada vez se quiere emitir menos CO2, cada vez se emiten menos cartillas de racionamiento", ha señalado Trías de Bes, lo que provoca que su precio aumente en un mercado donde países y empresas se los venden entre sí.

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Este sistema, que ya se aplica a aerolíneas e industria, se extenderá a todo tipo de transporte y a los edificios con calefacción de gasoil a partir de 2027. El gran temor, según los analistas, es que este incremento generalizado de costes energéticos provoque "otro repunte de la inflación", ya que afectará no solo al transporte privado, sino también a toda la cadena logística, desde los alimentos en el supermercado hasta las compras por internet.

La gran contradicción: ¿quién paga la transición energética?

Más allá del impacto económico, en el debate ha surgido una profunda reflexión social sobre la equidad de estas medidas. El presentador, Alberto Herrera, ha puesto el foco en la principal contradicción: la carga de la transición energética no se distribuye por igual. "Si le dices a alguien muy rico que se compre un eléctrico no tiene problema, pero no es igual para alguien que le funciona su coche desde el 2000", ha criticado, señalando además la paradoja de empujar a los ciudadanos a un transporte público ya saturado, como "el metro de Madrid lleno".

Si le dices a alguien muy rico que se compre un eléctrico no tiene problema, pero no es igual para alguien que le funciona su coche desde el 2000"

Alberto Herrera

Periodista

Trías de Bes ha suscrito esta visión, calificando la situación de "competencia desleal". Según el economista, Europa está asumiendo unos "esfuerzos económicos y de productividad tremendos" que no son compartidos por otros grandes emisores como China o India, quienes "se lo saltan a la torera". Esta falta de compromiso global, ha sentenciado, pone en jaque la efectividad de los sacrificios europeos.

En este contexto, Herrera ha criticado a quienes centran el debate del ahorro en los "gastos hormiga", como el café diario. El problema real, han coincidido los ponentes, está en los "gastos elefante": la hipoteca, el coche y, ahora, un nuevo impuesto verde que amenaza con hacer la vida aún más cara para quienes menos tienen.