"La última palabra del Tribunal de Justicia de la UE no deja de ser una última batalla jurídica contra el perdón total para los golpistas"

Buenos días. Te saluda Antonio Herraiz y desde las seis te venimos acompañando en 'Herrera en COPE' en este 16 de julio. Es el día de la Virgen del Carmen y esta fiesta de las gentes del mar y de la Armada Española.

La noticia sigue en Europa, en este caso Luxemburgo, que es donde está la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Unión. 

Este órgano se ha convertido en la última esperanza para los que todavía creen que se pueden corregir o, directamente, enmendar los desmanes del Tribunal Constitucional español. 

Y hay dos asuntos que Sánchez le encargó a Cándido Conde-Pumpido para que los resolviera con rapidez y eficacia, sobre los que ahora van a tener que pronunciarse en Europa. Uno es la amnistía y el otro el megafraude de los ERE de Andalucía.

Mal que le pese al presidente, que ansiaba zanjarlo todo con el aval del Constitucional, sí, nos queda la Justicia europea para evaluar la amnistía aprobada por el Gobierno para perdonar -y olvidar- los delitos que se cometieron en el intento de golpe separatista del 1 de octubre del 17. 

La última palabra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no deja de ser una última batalla jurídica contra el perdón total para los golpistas. Y ya lo ha comenzado a estudiar.

Hay 29 preguntas concretas entre las que destacan dos cuestiones. La primera, este tribunal europeo tiene que determinar si aplicar la amnistía a 35 ex altos cargos de la Generalitat por gastar fondos públicos para el 1 de octubre choca con los intereses financieros de la Unión. 

Y la segunda cuestión esencial son preguntas sobre la aplicación de la ley de Amnistía a delitos de terrorismo, con esa causa contra una docena de miembros de los CDR.

La sentencia no se espera hasta finales de año, pero el argumento que ha dejado el representante de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, el abogado Carlos Urraca, no deja de ser una enmienda a la totalidad porque va a lo nuclear de la ley. 

Y dice, señorías, que esta amnistía no responde, ni mucho, menos a un objetivo de interés general. Señorías, que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España, es decir, de Pedro Sánchez.

Y no hay que añadir una coma más. Ahí es donde hay que poner el foco. Es una autoamnistía de libro que está vetada en la normativa europea y con la que, gracias a Sánchez, después gracias a Pumpido, los golpistas catalanes se aseguraron su impunidad.

El Tribunal de Justicia de la Unión se va a tener que pronunciar sobre el escándalo de los ERE, la mayor causa de corrupción abierta en España. Esto no está de más recordarlo, sobre todo tras el blanqueamiento en el que se han empleado a fondo en Moncloa y en el PSOE durante los últimos siete años.

Queridos jóvenes, queridos olvidadizos, desde el año 2000, durante diez años, la Junta de Andalucía, en manos socialistas, dilapidó al menos 680 millones de euros. 

Era dinero que tenía que acabar en manos de los parados andaluces o en empresas en crisis, pero que se repartió de forma arbitraria, y por tanto ilegal. Algunos se lo gastaron en putas, otros en coca, la mayor parte del pastel acabó en personas afines al PSOE, incluidos los sindicatos, y los hay que lo han podido seguir disfrutando porque, de esos 680 millones de euros sustraídos, solo se han recuperado 27 millones. Apenas un 4%.

Todo esto se investigó durante años, no con pocas trabas durante la instrucción, que se lo digan a la juez Mercedes Alaya… y todo esto se juzgó. 

Ahí está la sentencia de la Audiencia de Sevilla, del año 2019, y ahí está la sentencia de 2022, del Supremo.

Aunque algunos se esfuerzan en situar el fraude de los ERE de Andalucía en la prehistoria, solo han pasado tres años de la sentencia demoledora del Alto Tribunal que no hizo otra cosa que ratificar lo que ya había dicho la Audiencia de Sevilla. 

Que hubo una red clientelar tejida por el PSOE andaluz durante años, que hubo un botín cercano a los 700 millones de euros y condenó a los responsables: seis años de cárcel para el expresidente socialista José Antonio Griñán por delitos de malversación y prevaricación. 

Para el expresidente Manuel Chaves nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. Otros nueve para la ex consejera y exministra de Zapatero, Magdalena Álvarez. Y a partir de ahí, ex consejeros, ex viceconsejeros, ex directores generales y una veintena de altos cargos durante la etapa del PSOE al frente de la Junta de Andalucía condenados.

No te pierdas el resto del monólogo en el audio adjunto.