"¿Quién va a pedir perdón a los ciudadanos por dañar una institución fundamental en nuestra democracia como es la Fiscalía?"

Muy buenos días. Te saluda Antonio Herraiz y desde las seis te venimos acompañando en Herrera en COPE. 

Pendientes de ese terremoto que ha sacudido la costa oriental de Rusia y que ha activado las alertas por riesgo de tsunami en todo el Pacífico. Con los seísmos no se puede comparar la intensidad. Uno de los más mortales, el que se registró en Turquía y Siria en febrero de 2023, se cobró 60.000 vidas. 

Aquel tuvo una magnitud de 7,8. 

El de hoy de Rusia ha sido de 8,8. Pero las consecuencias dependen de muchos factores, no solo de la magnitud. De la profundidad del epicentro, del número de réplicas, de la distancia, si está más o menos cerca de centros urbanos o de una playa, y de las consecuencias del suelo, dependiendo del material de la superficie amortigua más o menos la onda sísmica. 

El de hoy es de los 10 más potentes de la historia. Se ha activado la alerta de tsunami a un lado y otro del Pacífico. Ha tocado varias partes de la costa japonesa, con menor intensidad de la prevista, pero sí que han llegado olas de entre tres y cuatro metros. Se ha dado orden de evacuación a casi 2 millones de japoneses. 

El riesgo de Tsunami afecta desde Japón, Indonesia y Filipinas hasta Hawai, y también se han repetido avisos por tsunami en la costa oeste de EEUU, en los estados de Washington y Oregón, o California. Durante nuestra madrugada, en Hawai se han registrado atascos kilométricos de hawaianos huyendo hacia zonas más seguras. La alerta llega a México, a Perú, a Ecuador, a buena parte de la costa oeste de Sudamérica. 

Vamos a estar pendientes de la fuerza del tsunami, de la intensidad con la que llega a estos puntos del Pacífico y por si hay nuevas réplicas de ese potente terremoto en la costa oriental de Rusia. En España, el terremoto en el ámbito de la política y de la justicia golpea de lleno a Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo acusado de filtrar datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Ha evitado hasta el último minuto ir a juicio, recurrió al Supremo y la sala de apelación ha ratificado el auto de procesamiento con un argumento que es determinante: la revelación de detalles privados de la pareja de la Comunidad de Madrid, de Alberto González Amador, fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado, que había reclamado el correo con los detalles de la investigación dos horas antes de su publicación para difundirlo. 

Esta frase lapidaria tumba la estrategia del Fiscal General, del Gobierno y de sus terminales mediáticas que han intentado montar un relato exculpatorio. Primero, vendiendo que lo único que hizo el fiscal es tratar de desmontar una fake news, una información falsa sobre la investigación fiscal sobre González Amador. Y esto sí que es un bulo. A nadie se le juzga por perseguir supuestas noticias falsas. Y, además, Para replicar ese supuesto bulo, no era preciso revelar información reservada. Eso no justifica la comisión de un delito. 

El titular de una institución debe regirse por la ejemplaridad"

Antonio Herraiz

Y los magistrados son claros: no se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto. Punto. El fin no justifica los medios. Y el otro frente de la estrategia del Gobierno es que no había caso, que no había indicios suficientes para procesarlo. 

Pues para no haber caso, hasta 15 jueces diferentes, en distintas instancias, en el TSJ, en el Supremo, desde el instructor Ángel Hurtado hasta los dos magistrados de la sala de Apelación del Supremo, han avalado que vaya a juicio. 15 magistrados diferentes. ¿Hay o no hay caso? 

Pero aun así, hoy no hay que preguntarse si el fiscal general del Estado debe dimitir después de que el Supremo haya ratificado su procesamiento. Es una cuestión tan obvia que sobra plantearla. El encargado de perseguir los delitos va a juicio con una alargada sombra de duda de su comportamiento. El titular de una institución que debe regirse por la ejemplaridad, que exige a sus subordinados un comportamiento pulcro, se sienta en el banquillo justo por lo contrario. 

Pero, no, la pregunta con respuesta clara no es si debe dimitir el fiscal, o si el Gobierno debería destituirle. La pregunta es otra... adelante presidente. 

Eso es, presidente, ¿Quién va a pedir perdón a los ciudadanos por dañar una institución fundamental en nuestra democracia como es la Fiscalía?