Bienvenidos a ‘Herrera en COPE‘ en este jueves 15 de Julio.

Hoy toca analizar el varapalo del Constitucional al Gobierno y las consecuencias que puede tener. Ha sido un solo voto de diferencia pero suficiente para que pleno del Tribunal Constitucional tumbara el estado de alarma que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó en los inicios de la pandemia.

Era el 14 de marzo de 2020 cuando todos nos encerrábamos en casa para intentar contener el virus, en uno de los confinamientos más duros del mundo. Fueron 98 días sin poder salir a la calle si Nun motivo justificado.

Se decretó el estado de alarma, una herramienta legal, que según han decretado los magistrados del Constitucional permite limitar esa libertad de circulación pero no suspenderla de forma indiscriminada como ocurrió el año pasado.

Los magistrados no entran a valorar la situación sanitaria,si fue lo mejor o no para contener el virus, solamente dicen que para llevar a cabo el confinamiento el Gobierno tenía que haber empleado otro instrumento legal: el estado de excepción que requiere además un permiso previo del Congreso.

La sentencia ha sido un jarro de agua fría para el Gobierno que siguen defendiendo que los países de nuestro entorno adoptaron una fórmula similar. Aseguran que establecer el estado de alarma fue lo más rápido, porque no requiere pasar antes por el Congreso, lo decreta directamente el Gobierno,y porque la urgencia era salvar vidas.

Esta idea no la comparte sin embargo Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional que piensa que se podía haber hecho de otra forma.

No ha sido una decisión fácil para el Constitucional, de hecho los magistrados han estado profundamente divididos. Finalmente ha sido el voto de la vicepresidenta Encarnación Roca, del sector progresista, el que ha inclinado la balanza a favor de declararlo inconstitucional. Seis magistrados frente a cinco que consideran que la restricción de libertades no se ajustó al marco legal.

Ya ven, el Gobierno más numeroso de la historia, con mayor número de asesores, no eligió el soporte legal adecuado para encerrarnos en casa.

Fue Vox el que recurrió ante el Alto Tribunal el Real Decreto del estado de alarma, pese a que en un principio votó a favor cuando se convalidó en el Congreso de los Diputados. Luego eso sí, ya votó en contra en las siguientes prórrogas. Santiago Abascal habla de vulneración de derechos histórica, pide responsabilidades políticas y que se anulen todas las multas.

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La sentenciablinda al Estado de reclamaciones masivas, le exime de una responsabilidad patrimonial, por lo que probablemente no se van a aceptar reclamaciones por posibles perjuicios económicos de comercios, industrias y particulares que hubiesen tenido que detener su actividad laboral.

La sentencia, sin embargo, sí afectará a las multas que hayan sido recurridas o estén aún en trámite que podrían quedar anuladas.

RESTRICCIONES ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS

Pues hay más asuntos relacionados con los tribunales y con la pandemia. Ya saben que la quinta ola sigue expandiéndose por todo nuestro país, especialmente entre los jóvenes, y la situación empieza a ser preocupante.

De hecho hay epidemiólogos como Quique Bassat que creen que para poner freno a esta situación, además de las vacunas, se necesitan restricciones más severas.

Habla de establecer de nuevo toques de queda, que es precisamente lo que ya han solicitado algunas CC. AA. y otras están estudiando.

Pero aquí chocan con la Justicia porque hay tribunales que avalan que con la Ley de Salud Pública se pueda limitar la movilidad nocturna de las personas. Y otros, que sin embargo piensan que no, que para ello se necesita un estado de alarma. En definitiva, el lío de siempre y ha vuelto a pasar.

Estos días atrás les contábamos que la Justicia había aprobado el confinamiento en 32 localidades de la Comunidad Valenciana con una alta incidencia, incluida la capital y enclaves turísticos como Gandía o Benicásim.

El Gobierno de Canarias había solicitado también el toque de queda para la isla de Tenerife donde la incidencia está disparada. Bueno pues aquí, el Tribunal Superior de Justicia canario no ha aprobado la medida, cree que no es viable esta restricción de movimientos. El presidente Ángel Víctor Torres anuncia que recurrirán al Supremo.

En Valencia sí y en Canarias no. Ya tenemos de nuevo el galimatías jurídico. Ocurrió el verano pasado con los confinamientos y más recientemente también con los horarios de la hostelería y el ocio nocturno. Y era algo que las comunidades ya advirtieron que iba a pasar el pasado mes de mayo cuando decayó el segundo estado de alarma.

Pues vamos a ver qué ocurre en Cantabria, que es otra de las regiones que ha pedido el toque de queda desde la 1 a las 6 de la mañana en 53 municipios.

También lo ha pedido Cataluña para 158 municipios de más de 5.000 habitantes, incluida Barcelona, y que tienen una incidencia por encima de los 400 casos. Ahora mismo esta comunidad es donde el virus está más descontrolado. Tienen una incidencia de 1068 casos, más del doble de la media nacional que se sitúa en 469 casos,33 puntos más que ayer.

Y un dato más, en la última semana la ocupación de las camas UCI ha pasado del 6,7 al 8,7 %, este es el dato en el que nos tenemos que fijar para valorar la gravedad de la situación. Es un porcentaje de momento asumible por los hospitales pero ya han visto que en una semana esa cifra ha subido dos puntos.

CUBA PIDE LIBERTAD

Y hoy miramos de nuevo a Cuba donde ha dimitido el viceministro del interior, el general de brigada Jesús Manuel Burón Tabit. Deja su cargo tras cuestionar algunas de las decisiones del Gobierno, así como el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones que comenzaron el domingo.

Mientras, el presidente Díaz Canel sigue insistiendo en que es una calumnia acusarlos de reprimir a su pueblo y sigue responsabilizando a EE. UU. de esta ola de protestas. Además les amenaza con una nueva crisis de los balseros. Ante esta posibilidad las autoridades estadounidenses están lanzando mensajes para disuadir a quienes se planteen cruzar por mar hasta Florida.

En Cuba, la Policía y el Ejército han tomado las calles y sigue sin haber internet, continúa el apagón informativo, lo que ha enfriado las movilizaciones.

Algunas fuentes hablan de miles de detenidos. El padre Llorens, un jesuita cubano, está recorriendo estos días la isla tratando de localizar desaparecidos y detenidos y mediar en su liberación.

Entre los arrestados saben que se encuentra la corresponsal de ABC, Camila Acosta. En las últimas horas su padre ha intentado verla, no lo ha conseguido. Pero sí ha contado que ha sido trasladada a la prisión de '100 y Aldabó', un centro penitenciario muy cuestionado donde según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los presos viven en pésimas condiciones y algunos denuncian torturas.

Camila fue detenida este lunes tras cubrir las protestas del domingo en La Habana. Se le acusa de desacato y desorden público. Se enfrenta a entre 3 y 6 años de prisió, simplemente por informar, simplemente por hacer su trabajo.