“El Supremo no ha condenado a García Ortiz, solamente va a procesarlo. Y cualquier persona con un mínimo, un poquito de ética y de dignidad, se iría”

Señoras, señores, me alegro, buenos días. 

Buenos martes 10 de junio del 2025, la noticia la conocíamos ayer a media mañana. Era una noticia de calado, porque Sánchez ya tiene otro récord histórico que apuntar en su particular ranking de degradación democrática. 

 hecho insólito, sin precedentes  

A las mentiras constantes, a las sanciones de la Junta Electoral, a las sentencias contrarias del Constitucional, todas las indecencias acumuladas estos años, ahora tiene que sumar un hecho insólito, sin precedentes, que es el procesamiento del fiscal general del Estado. Es decir, hay un magistrado que ve indicios sólidos de delito contra este señor, que es Álvaro García Ortiz, y dicta un auto de procedimiento abreviado. 

¿Eso qué quiere decir? Que ahora las partes, el que le acusa y el que le defiende, deben presentar los escritos de acusación o de defensa. Singularmente aquí la fiscalía la defiende, pero le acusa el señor González Amador, también el Colegio de Abogados de Madrid, una asociación de Fiscales, más gente. Y después de esos escritos es cuando el juez dice pues ahora se abre o no juicio oral. 

Y entonces se preguntan ustedes, oiga, ¿qué hará este hombre? Por respeto a sí mismo y por respeto a la institución que preside, debería dimitir. Teniendo en cuenta que es que además depende de él el fiscal que intervendrá en su enjuiciamiento. 

Desde luego, si él en algún momento ha pasado por su cabeza dimitir, seguramente ya los mensajes desde Presidencia del Gobierno, Justicia, etcétera, etcétera, ministerio, es que no lo haga. Porque desencaja un clavo o un tornillo o lo que sea que hace que se caiga medio andamiaje. 

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Pero efectivamente la noticia en sí misma es todo un shock. Que ha venido además adrezada por la andanada de ataques del Gobierno contra el Tribunal Supremo al quien ha acusado prácticamente de prevaricador. De oposición jurídica al Ejecutivo. 

Oiga, ayer el ministro Óscar Puente, que supuestamente está de baja laboral, salvo en Twitter, publicaba, decía, 'la oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo'. El desastre de su manifestación tiene que haberlo sentado mal. Y estaría utilizando su posición no para administrar justicia, sino para perseguir políticamente al Gobierno. Es una acusación muy grave. Es acusar de prevaricación. Que me imagino que tendrá alguna respuesta por parte del Poder Judicial. 

 hiperventilados que hablan de golpe de Estado  

Ha sido llamativa la ferocidad, la rabia, con la que el Gobierno y los sincronizados han salido a atacar al magistrado del Supremo que ha instruido la causa contra el fiscal. Es que no hay pruebas, no hay pruebas. Hay incluso hasta hiperventilados que hablan de golpe de Estado. 

Y deben saber mucho de golpes de Estado quienes se mantienen en el poder gracias al apoyo del golpista. Que en este momento está fugado, por cierto, de la justicia en España. 

Vamos a ver. Para abrir un procesamiento no hacen falta pruebas. Para procesar basta los indicios. Las pruebas son para condenar una vez que está sentado en el banquillo. Tras un juicio oral. 

El juez no se ha inventado nada. De hecho, realiza un relato muy coherente de la sucesión de acontecimientos que derivaron en la filtración de datos reservados del novio Díaz Ayuso.

En pleno escándalo por la imputación de la esposa de Sánchez, el gobierno intentó replicar mediáticamente con los problemas fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, anteriores a que mantuvieran una relación con Ayuso. Y nunca, en cualquier caso, dependiente de negocios con la Comunidad de Madrid. 

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Y en esa pugna es cuando se produce la filtración de las negociaciones entre el abogado de Gómez Amador y la Fiscalía, que deberían ser secretas por protección del derecho de datos y el derecho a la defensa. 

Es gravísimo que una institución pública con tanto poder como la Fiscalía pisotee los derechos de un particular por razones de oportunidad política. No es admisible. Y genera indefensión para todos los ciudadanos del país. Entonces se pone en marcha un proceso judicial que en principio se lleva a un tribunal ordinario hasta que se comprueba la posible responsabilidad del Fiscal General y se lleva a la causa del Supremo, que acaba imputando al Fiscal General. 

 las partes pueden recurrirlo  

Después de una instrucción perfectamente garantista, ayer dicta el auto de procesamiento. Les recuerdo que las partes pueden recurrirlo, así lo van a hacer. Pero será definitivo si la Sala de lo Penal del Supremo ratifica la decisión del juez instructor. 

Resumirle la instrucción de meses que ha llevado a cabo el juez de Supremo, quizá no sea el momento, pero conviene recordar que a Álvaro García Ortíz le incriminan de modo evidente varias circunstancias. Su actividad frenética para conseguir el expediente. Llega a sacar del fútbol a un fiscal del caso para pedirle el papel. 

La sucesión cronológica de los hechos. El expediente de González Amador se filtra minutos después de que llegue al correo privado del Fiscal General. El testimonio de la fiscal Almudena Lastra, que se negó a seguir las indicaciones del Fiscal General. 

Y además, en el auto, da un paso más el juez y señala a la Moncloa como instigadora de toda la estrategia. Y aquí tampoco se inventa nada el juez instructor. La conexión con Moncloa se produce a raíz de la declaración de la antigua responsable del PSOE, Juan Lobato, que a él le llega el expediente de Moncloa para que lo utilice en el rifirrafe parlamentario con Diaz Ayuso. 

Y todo esto se ve agravado porque García Ortiz borra concienzudamente sus dispositivos móviles. Eso no prueba que sea culpable, pero nadie borra las pruebas que pueden acreditar su inocencia. 

Por lo tanto, el juez no se inventa nada, recopila indicios. Que no pruebas, porque para procesar, insisto, basta los indicios sólidos. El Supremo no ha condenado a García Ortiz, solamente va a procesarlo. Y cualquier persona con un mínimo, un poquito de ética, de dignidad, se iría. 

Tendría que haberse ido al ser imputado. Pero yo no sé si él quiere, desde luego no lo deja. La situación es tan absurda, tan kafkiana, tan antidemocrática, tan injusta, que además va a cesar a su subordinada, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por haber sido procesada en este caso, cuando lo único que hizo esta mujer fue cumplir órdenes del propio García Ortiz. O sea, la de abajo paga las consecuencias, mientras que el que dio las órdenes sigue en el cargo. No verán ustedes que esto no es absolutamente absurdo.