Europa paraliza el histórico acuerdo con Mercosur ante las dudas sobre su legalidad

El Parlamento Europeo ha decidido paralizar la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La decisión, tomada este 21 de enero por una ajustada mayoría, supone remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine su compatibilidad con los tratados comunitarios. Este movimiento representa un golpe significativo para la entrada en vigor del tratado, firmado apenas unos días antes, el 17 de enero, en Asunción por representantes europeos y los países del bloque sudamericano: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Dudas legales y división política

La consulta al TJUE ha sido impulsada por 144 eurodiputados que cuestionan la base jurídica del texto. Estos parlamentarios temen que el acuerdo limite la capacidad regulatoria de la Unión Europea o que pueda aplicarse de forma parcial antes de ser ratificado por todos los Estados miembros. La votación refleja la profunda división en la Eurocámara entre quienes defienden el tratado por su valor estratégico y comercial, y quienes alertan del impacto negativo en la agricultura europea.

“Si a nosotros se nos exige ser eléctricos, que los de fuera también lo sean”: El campo pide competir en igualdad de condiciones frente al acuerdo con Mercosur

Las críticas más duras provienen del sector agrícola, que denuncia la competencia desleal que supondría la entrada de productos de Mercosur. Se señala que estos productos tienen costes de producción más bajos y están sujetos a normativas ambientales más laxas, afectando especialmente a sectores como la carne o el azúcar. Sobre esta cuestión ha advertido Eduardo Pérez Hoces en los micrófonos de COPE Rioja, subrayando los riesgos para los agricultores europeos.

Un proceso en suspenso hasta 2027

El envío del acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no significa su cancelación definitiva, pero sí suspende todo el proceso de ratificación hasta que el tribunal emita un dictamen. Este procedimiento podría prolongarse entre 18 y 24 meses, lo que retrasa la posible entrada en vigor del tratado como mínimo hasta 2027. Durante este período, la Comisión Europea no podrá avanzar en los trámites parlamentarios.

En función del veredicto del TJUE, la Unión Europea podría verse obligada a modificar o renegociar partes del texto. Si, por el contrario, el tribunal avala su legalidad, el proceso de aprobación se retomaría. Mientras tanto, los países miembros ganan peso en la negociación política para influir en el futuro del pacto.

Revés para unos, victoria para otros

Para los gobiernos que apoyaban firmemente el acuerdo, como los de Alemania o España, la decisión supone un importante revés. La paralización frena su estrategia de reforzar los lazos con América del Sur y diversificar las dependencias comerciales en un contexto geopolítico complejo.

En cambio, los sectores agrícolas europeos interpretan la paralización como una victoria temporal. Este parón abre un valioso margen para la revisión y para un debate más profundo sobre el modelo de comercio y sostenibilidad que la Unión Europea quiere proyectar en sus relaciones internacionales.