Calahorra endurece su padrón para frenar la inmigración irregular

El Ayuntamiento de Calahorra ha decidido modificar la normativa local para controlar la inmigración irregular y los problemas que, a su juicio, se derivan de ella. La alcaldesa, Mónica Arcéiz, ha calificado de intolerables las instrucciones técnicas que el Estado impone a los ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal desde 2020, al considerar que propician un efecto llamada. Estas directrices estatales establecen que el trámite se limita a verificar los datos de identificación, sin que el consistorio deba controlar la legalidad de la residencia en España de sus vecinos.

Un aumento de 1.762 inmigrantes en cinco meses

La decisión del equipo de gobierno se produce tras constatar el impacto en las ayudas de emergencia social. Según [cifras del padrón] aportadas por la alcaldesa, Calahorra cuenta hoy con 25.775 habitantes, de los cuales 18.253 han nacido en España. El número de inmigrantes empadronados pasó de 5.036 en enero a 6.798 en junio, lo que supone 1.762 personas más en solo cinco meses, un incremento que, según Arcéiz, no se corresponde con una oferta de trabajo equivalente en la ciudad.

A pesar de que la cifra se estabilizó a partir de junio, la alcaldesa ha querido matizar su postura. “Somos una ciudad acogedora y solidaria. Pero no podemos ni debemos consentir que se abuse de estas cualidades”, ha afirmado Arcéiz, subrayando que no está en contra de la llegada de migrantes, sino de un posible uso indebido de los recursos municipales.

Nuevas y más estrictas condiciones

Desde hace tres semanas, la Oficina de Atención al Ciudadano de Calahorra aplica nuevas condiciones para el empadronamiento. Ahora, se exige primero la documentación y la inscripción en el padrón se realiza una vez comprobada, invirtiendo el proceso anterior. Para Arcéiz, la situación es insostenible, “el Gobierno central abre la puerta y los ayuntamientos y todos los ciudadanos pagamos la factura”.

El Gobierno central abre la puerta y los ayuntamientos y todos los ciudadanos pagamos la factura"

Mónica Arcéiz,

Alcaldesa de Calahorra

Además, para acreditar el domicilio ya no bastan los contratos de alquiler con pago en metálico. El solicitante debe aportar un justificante de transferencia bancaria que demuestre que es él quien realiza el pago. “El padrón no puede ni debe ser un sistema para la regularización silenciosa”, ha sentenciado la alcaldesa, quien defiende una inmigración “vinculada a un empleo y a nuestros valores”.

La nacionalidad no puede ser un regalo"

Mónica Arcéiz,

Alcaldesa de Calahorra

En esta línea, el consistorio reforzará las medidas para impedir el fraude en la solicitud de ayudas. Para ello, se exigirá un periodo de empadronamiento mínimo de dos años, un requisito que anteriormente fue de seis meses y que el año pasado se había fijado en un año. “La nacionalidad no puede ser un regalo”, ha enfatizado Arcéiz para justificar la nueva política.

Ayudas para la 'nueva pobreza'

Esta situación coincide con la aparición de lo que Cáritas denomina la “nueva pobreza”: aquella que afecta a personas que, a pesar de tener trabajo, no pueden hacer frente a los gastos básicos de vivienda, alimentación y energía. Según un informe de la entidad, la precariedad laboral se ha convertido en una nueva normalidad que afecta a casi la mitad de la población activa (47,5 %).

Ante este contexto, Mónica Arcéiz ha anunciado que su equipo ya está trabajando en la creación de “una línea de subvenciones para lo que Cáritas ha denominado la nueva pobreza”. Con esta medida se busca dar apoyo a los trabajadores con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, un problema social creciente que también afecta a la localidad riojana.