Los pescadores de Menorca denuncian que la cuota europea de gamba roja “asfixiará” al sector

La preocupación crece entre los pescadores de Menorca ante el anuncio de la Comisión Europea de mantener para 2026 un límite de captura (TAC) para la gamba roja (Aristeus antennatus). Esta medida, añadida a la reducción de días de pesca y al aumento de los requisitos técnicos en los últimos años, amenaza la supervivencia de una actividad que sostiene a buena parte de la economía local y que forma parte del patrimonio cultural de la isla.

La cuota de gamba se considera innecesaria por parte de las organizaciones pesqueras de Baleares, que recuerdan que los informes científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) avalan que la pesquería se explota de forma sostenible desde 2023 y que la población de esta especie presenta una tendencia de mejora. A pesar de ello, Bruselas mantiene un modelo que limita simultáneamente los días de faena y los kilos capturados, lo que obliga a los pescadores a operar más cerca de la costa, con mayores costes y menos rentabilidad.

Las restricciones aplicadas no solo afectan a los pescadores, sino también a toda la cadena de valor asociada a la gamba roja. Restaurantes, mercados y distribuidores locales dependen de este producto, que es una de las especies más valoradas del Mediterráneo. La limitación de capturas repercute directamente en la disponibilidad de gamba en el mercado y puede generar aumentos de precio o pérdida de competitividad frente a otras regiones.

En los últimos años, el sector ha aplicado importantes cambios para garantizar la sostenibilidad del recurso. Entre estas medidas figuran el incremento del tamaño de la malla utilizada, el cumplimiento de tallas mínimas y la adopción de periodos de veda. Todas estas acciones han contribuido a que la pesquería mantenga un equilibrio que, según los pescadores, las nuevas restricciones no respetan.

Flota reducida y actividad en riesgo

Las restricciones ya han tenido un impacto notable en la flota de arrastre de Menorca, donde recientemente una embarcación decidió abandonar la isla y trasladarse a Málaga, al no poder mantener la actividad en las condiciones actuales. Este caso ilustra la dificultad creciente para que los barcos locales sigan operando de manera rentable.

El reparto de la cuota actual ya es insuficiente para garantizar el funcionamiento de todos los barcos durante todo el año. Muchos agotan su cupo antes de finalizar la temporada, lo que les obliga a paralizar su actividad meses antes de lo previsto. Además, parte de la cuota española se guarda como reserva para la campaña de Navidad, reduciendo aún más el margen operativo de las embarcaciones durante el resto del año.

La venta directa, que es clave para la economía de los pescadores, también se ve afectada. Al limitar la cantidad de producto que llega al mercado, los ingresos disminuyen y se incrementan los riesgos de que el sector no pueda sostenerse económicamente, a pesar de que la demanda de gamba roja sigue siendo elevada.

Reclamo de una gestión adaptada a Baleares

Tanto el Govern balear como la Federación Balear de Cofradías de Pescadores han trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la necesidad de una gestión diferenciada para el caladero de Baleares (GSA5). Consideran que las medidas actuales no reflejan las características de una pesquería que ya se explota de forma sostenible y que evoluciona positivamente gracias a las restricciones aplicadas en los últimos años.

Las autoridades autonómicas señalan que las evaluaciones científicas de Bruselas se publican con demasiado retraso, lo que provoca que se tomen decisiones basadas en datos que no corresponden con la situación actual del recurso. Esta descoordinación se traduce en medidas poco realistas que no responden a la evolución del caladero.

El Govern y el sector pesquero preparan un plan de cogestión regionalizado para Baleares, con el objetivo de aplicar una regulación más eficaz y adaptada al territorio. Este proyecto busca garantizar la sostenibilidad ambiental de la gamba roja en el Mediterráneo, al tiempo que asegura la viabilidad económica de una actividad que es fundamental para la isla. La propuesta pretende ser una alternativa sólida a las decisiones centralizadas que, según los pescadores, no tienen en cuenta las particularidades de las regiones insulares.